Es un hecho que hemos venido comprobando en este matutino a lo largo de los últimos años: siempre que ofrecemos notas periodísticas sobre la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), estas suelen ocupar, al menos en nuestra edición digital, los primeros lugares en cuanto a lectoría. El pasado martes no fue la excepción. “UMSS prohíbe lucrar a docentes con seminarios bajo pena de cárcel” es el título del material más leído de la jornada.

La nota señala que dos prácticas muy comunes de algunos docentes de la casa superior de estudios fueron prohibidas mediante la Resolución Rectoral 224/17. “Queda terminantemente prohibida la organización y realización de seminarios, talleres y otros por parte de los docentes en sus correspondientes materias, que signifique cobros a estudiantes y que su desarrollo sea dentro o fuera de los ambientes universitarios” [sic], dice el primer —y mal redactado— artículo que indica el objetivo fundamental de la norma.

El secretario general de la UMSS, Néstor Guzmán, dijo que desde 2010, cuando dejó de funcionar el departamento de Publicaciones de la universidad, se hizo una práctica usual que algunos docentes realizaran actividades como seminarios o talleres como parte de sus materias, y lucraban con ello. “Las quejas eran continuas, así como la venta de dossiers, textos y otras publicaciones”.

Para evitar los cobros que generaban constantes quejas de los estudiantes, se emitió el artículo segundo: “Queda terminantemente prohibida la venta de libros, textos, apuntes por parte de los docentes con el registro de nombre de estudiantes que adquieran tales bienes, el docente deberá ver algún mecanismo de depósito de su producción intelectual, ya sea en la imprenta o editorial universitaria u otro punto de venta de libros que se registran en ambientes universitarios” [sic], reza el segundo artículo, igualmente mal redactado.

El incumplimiento de estas resoluciones tiene una sanción vinculada a la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. En el artículo 146 del Código Penal, se señala una pena de tres a ocho años de cárcel para quienes se beneficien aprovechándose del cargo, es decir de manera ilegal.

Las determinaciones rectorales tuvieron un eco inmediato en la comunidad académica, que se pronunció en diversos foros, uno de ellos las redes sociales. En el mundo virtual, al que regularmente acuden los estudiantes, se conocieron todo tipo de denuncias sobre malos docentes que hacían de la noble tarea de la enseñanza un rentable negocio.

Lo anterior es doblemente inmoral, pues la labor de los profesores debería perseguir únicamente la mejor formación de los alumnos; pero, además, es sabido que quienes enseñan en la universidad estatal, al menos los titularizados, que son un buen porcentaje, perciben privilegiados sueldos que están muy por encima de los que reciben sus colegas en entidades privadas, algunas de las cuales pagan verdaderos salarios de hambre y no ofrecen mayores beneficios sociales a sus trabajadores.

Por ello es que ser profesor de una universidad estatal es una suerte de lotería; aunque una que, en algunos casos, poco tiene que ver con el azar o con los méritos, sino con intrincados grupos de poder y auténticas mafias —docentes y estudiantiles— que controlan una institución que, al menos en teoría, debería estar abocada exclusivamente a la educación, la investigación y el servicio a la comunidad.

Y así volvemos al inicio de este texto. La medida rectoral sanciona prácticas condenables, pero su alcance debería ser mayor (muchos observan, por ejemplo, que los “viajes de estudio” suelen ser otra fuente de comercio y que, asimismo, se debería establecer la expulsión de los malos docentes). Por otro lado, las nuevas determinaciones constituyen un mínimo de todo lo que hay que hacer en adelante. La UMSS es, lamentablemente, hoy casi un nicho de noticias policiales. Revertir aquello será una tarea muy difícil.