Los medios de comunicación se han visto infestados de notas, artículos, columnas y pronunciamientos de los más diversos en relación al aborto. Este momento implica, para los medios de comunicación, una gran oportunidad para explotar la temática. Las redacciones y departamentos de prensa se engolosinan con titulares e imágenes violentas que estimulan el morbo, antes que un debate transparente.

Para quienes hemos impulsado el debate sobre el aborto, también es una oportunidad de oro para generar más reflexión. Sin embargo, vemos con tristeza cómo queda en segundo plano ofrecer información de calidad a las audiencias, para que puedan contar con los elementos necesarios para diferenciar las propuestas que se debaten.

La despenalización del aborto es una demanda de muchos colectivos y agrupaciones que han impulsado el debate sobre la posibilidad de sacar el aborto del Código Penal. Se debe dejar de considerar al aborto un delito, para abordarlo desde la política de salud pública. Se plantea dejar de criminalizar la decisión de las mujeres de interrumpir un embarazo cuando es no deseado o no planificado. En el caso boliviano, corresponde a esta figura el aborto impune, del artículo 266 del actual Código Penal, que establece que el aborto producto de violación y riesgo para la salud de la mujer no será penado. Una sentencia del Tribunal Constitucional eliminó el requisito de la autorización judicial, que constituía uno de los obstáculos por los que las mujeres víctimas de violación, muchas de ellas niñas, no podían acceder a un aborto legal, oportuno y seguro.

La legalización, por su parte, habla de la regulación del Estado de ciertas conductas, en este caso la del aborto. Las propuestas que impulsan las feministas no buscan la intromisión del Estado sobre las decisiones de las mujeres sobre su cuerpo y su vida.

Los argumentos que usan los sectores antiderechos que se oponen a la despenalización del aborto buscan confundir los conceptos de manera tendenciosa. Sus posturas promueven criminalizar las decisiones de las mujeres, y no ofrecen abordajes integrales al tratamiento del aborto. Su propuesta es criminalizar la decisión de las mujeres a decidir sobre su sexualidad. Si 185 abortos diarios se realizan en Bolivia, y no se avanza en el reconocimiento de la despenalización, habrá que empezar a pensar en cárceles más amplias para albergar a las mujeres que —a pesar de sus creencias, del riesgo a su vida y libertad— recurren al aborto cotidianamente.