El gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump, comenzó ayer los trámites para rescatar su veto migratorio después de que dos jueces bloquearan su segundo intento de prohibir la entrada a los ciudadanos de ciertos países musulmanes.

El Departamento de Justicia estadounidense presentó los documentos necesarios para solicitar la apelación en un tribunal federal en Maryland, poniendo las bases para una nueva batalla legal en el Tribunal de Apelaciones del cuarto distrito, ubicado en Richmond (Virginia), indicó a Efe una portavoz de esa agencia.

"El Departamento de Justicia está muy en desacuerdo con el fallo de la corte del distrito federal de Maryland y espera defender la orden ejecutiva del Presidente que busca proteger la seguridad de nuestra nación", agregó.

El pasado miércoles, dos jueces federales de Hawai y Maryland emitieron sendas órdenes contra la orden de Trump de prohibir la entrada al país de los nacionales de seis países musulmanes durante 90 días y de restringir el ingreso de refugiados durante otros 120.

Los jueces argumentaron que las intenciones de Trump van contra la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense al desfavorecer a ciertos individuos por motivos religiosos. Si el Departamento de Justicia hubiera apelado la orden de Hawai, el caso habría ido a la misma corte de apelaciones con sede en San Francisco que rechazó una versión anterior, bloqueada por un juez federal del estado de Washington.

La Primera Enmienda establece que el Gobierno debe permanecer neutral entre las religiones o aquellos que no tengan fe y no favorecer o desfavorecer a unos u otros.

La Administración niega que sea una prohibición contra los musulmanes y dice que la orden tiene como objetivo prevenir atentados en suelo estadounidense al suspender la entrada a los ciudadanos provenientes de países con altos índices de terrorismo.



DESACUERDO La mayoría de los estadounidenses está en desacuerdo con los planteamientos de su presidente, Donald Trump, en inmigración, con casi dos tercios de la población que prefieren un camino hacia un estatus legal para los indocumentados en vez de deportaciones masivas, indicó una encuesta revelada ayer.

Según el sondeo, llevado a cabo por la cadena CNN, seis de cada diez estadounidenses dicen estar muy preocupados ante las medidas excesivas del Gobierno sobre las deportaciones. En total, el 60 por ciento de los encuestados asegura que la máxima prioridad de la Casa Blanca en cuanto a la inmigración ilegal debería ser desarrollar un plan que permita a los indocumentados que forman parte de la fuerza laboral convertirse en residentes legales.