La presidenta de la Sala Penal Segunda, Nuria Gonzales, determinó ayer suspender el arraigo al exalcalde de Cochabamba, Edwin Castellanos, uno de los principales imputados por el puente colapsado el 14 de septiembre de 2015.

Similar medida asumió Gonzales para los otros cuatro acusados.

Los beneficiarios de esta decisión son los exfuncionarios municipales, Nelson Vega y Osvaldo Delgadillo, el exoficial mayor técnico Sergio Rodríguez y el representante legal de la empresa constructora Álvarez Ltda.,Víctor Hugo Álvarez, quienes están imputados, por la comisión de tres delitos por la caída del puente en la avenida 6 de Agosto e Independencia.

La presidenta de este tribunal también ratificó en la audiencia de apelación los montos de fianza asignados a cada acusado, mismos que oscilan entre 50 y 70 mil bolivianos.

Los procesados también deben seguir firmando cada 15 días los libros de registro en la Fiscalía.

En la audiencia de apelación, el director jurídico de la Alcaldía de Cochabamba (parte acusadora), Sergio Coca, pidió para todos los acusados suspender sus medidas sustitutivas y ampliar la fianza entre 200 y 250 mil bolivianos.

Este pedido fue rechazado por Nuria Gonzales al encontrar que no existe riesgo de fuga e interferencia en la justicia. En el caso del exalcalde Edwin Castellanos, su abogada argumentó que el arraigo era muy perjudicial para su labor profesional puesto que, como músico, compositor y director del grupo Tupay, tiene viajes al interior y exterior del país. “El arraigo perjudica su trabajo”.

La reacción de los otros imputados fue de beneplácito. Sin embargo, el director jurídico Sergio Coca salió muy rápidamente después de terminada la audiencia. Fue muy escueto en su declaración. “Esta determinación será revisada”.

En cambio, el secretario ejecutivo de la Alcaldía, Ricardo Pol, dijo: “Somos respetuosos de las decisiones judiciales; sin embargo, esto no significa que estemos de acuerdo con esta medida. Tenemos los mecanismos legales para poder hacer observaciones e impugnaciones. Vamos a activar todos los mecanismos que la ley nos permite”.

El abogado de la empresa Álvarez Construcciones, Jorge Iriarte, dijo: “Nosotros hemos pedido libertad irrestricta porque en caso nuestro no había riesgos procesales. Sin embargo, esta determinación le va a permitir a mi cliente libertad de trabajo”.

El exalcalde Edwin Castellanos celebró esta determinación. “Creo que lo que más me perjudicaba en mi vida personal y mi trabajo era el arraigo que no me permitía desarrollar mi labor artística en el mundo como lo hago siempre”. Esta medida me permite seguir trabajando, argumentó.

El actual concejal y exoficial mayor técnico, Sergio Rodríguez, aseguró que hay parcialización de la Alcaldía con la empresa Álvarez. “En mi caso la jueza hizo justicia”.

A los minutos de terminada la audiencia, el dirigente de la OTB 6 de Agosto René Quispe reaccionó muy molesto con esta decisión. “Los vecinos estamos muy molestos, cada día estamos viviendo inundaciones en medio de heces fecales. Como vecinos vamos a iniciar acciones de protesta. Ahora estos quieren salir libres y es muy lamentable. Si no hace nada la justicia, vamos a terminar de demoler (el puente) porque tenemos problemas en ese lugar”.

Delitos

Los imputados son acusados de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.