Con mucho entusiasmo y muy a voz en cuello, el pasado miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, varones y féminas corearon y difundieron felicitaciones y consignas relacionadas a derechos de género, entre ellos, por supuesto, el de la libre determinación de las mujeres sobre su cuerpo. Sin embargo, a una semana de lo que parecía un consenso, la sociedad parece de nuevo dividida, ahora a raíz del proyecto de ley que establece varias causas que justifican el aborto, iniciativa rechazada por las iglesias católica y evangélicas.

Pensamos que las religiones —que no siempre sus pastores— suelen brindar parámetros éticos para afrontar la vida en sociedad. Y, pese a diferencias que generan incluso guerras, muchos de estos suelen coincidir en la proclamación de amor y tolerancia al prójimo. Fuera de lo anterior, sin embargo —y más desde la perspectiva de que vivimos en un Estado laico—, creemos que el debate en torno a una medida pública tendría que efectuarse a partir de un diagnóstico de hechos y no de creencias, sean estas del tipo que sean.

Un estudio presentado en 2014 por la investigadora estadounidense Natalie Kimball señala que en Bolivia abortan cada año entre 40.000 y 80.000 mujeres, y que tres de cada cinco bolivianas han puesto fin a un embarazo al menos una vez en su vida. Según datos del Fondo de Población de Naciones Unidas, el porcentaje de adolescentes de entre 15 y 19 años que son madres o están embarazadas por primera vez aumentó en Bolivia de 14 por ciento en 1998 a 18 por ciento en 2008, y se estima que en la actualidad ha llegado a 22 por ciento .

Fuentes de diversos sectores indican que los abortos practicados en condiciones insalubres son una de las mayores causas de la mortalidad materna. De acuerdo a activistas de la Campaña 28 de Septiembre - Bolivia, el aborto clandestino es la tercera causa de mortalidad materna en el país, donde, a diario, se practican 185 abortos en condiciones de riesgo. Fruto de lo anterior, se registra la muerte de al menos 650 mujeres cada año. Las activistas hacen notar también que el 99 por ciento de las muertes de mujeres por aborto inseguro ocurre en los países más empobrecidos, que además tienen leyes restrictivas.

Así las cosas, el aborto es una práctica que, más allá de lo que indiquen las doctrinas de fe, se practica y seguirá practicando, por lo que el Estado debería cuidar la salud de las mujeres que decidan acudir a esta, tratando de evitar su muerte por mala atención y, por supuesto, respetando la decisión de las que desean continuar con su embarazo e incluso protegiendo de modo más efectivo a este sector.

El actual proyecto de ley en tratamiento en la Asamblea Legislativa establece varias causas que justifican un aborto, entre ellas la pobreza, pero por una sola vez y hasta las ocho semanas de embarazo. Además, también plantea que puede aceptarse el aborto si la mujer es madre de tres o más hijos y no cuenta con recursos suficientes para su manutención o es estudiante. También propone que la interrupción pueda hacerse en cualquier etapa de la gestación cuando sea necesario prevenir un riesgo presente o futuro para la vida o para la salud integral de la embarazada, y cuando se detecten malformaciones fetales.

Actualmente, el aborto requiere en Bolivia permiso judicial para todos los casos, salvo cuando el embarazo resulta de una violación, incesto o estupro y cuando esté en riesgo la vida y salud de la madre. Los avances que plantea la nueva regulación son entonces interesantes; aunque tampoco satisfacen a colectivos feministas que exigen la despenalización absoluta.

Lo cierto es que para ninguna mujer debe ser deseable enfrentarse a la interrupción de un embarazo. Por ello, el Estado debería principalmente tratar de evitar tal acción mediante amplias campañas de educación sexual y reproductiva; asimismo haciendo del todo fácil el acceso a métodos anticonceptivos para mujeres y hombres. Llegado el caso, sin embargo, debe garantizar la práctica en condiciones accesibles y seguras.