El pasado viernes se conoció la sentencia contra el exgobernador del departamento Pando Leopoldo Fernández. No obstante de que el resultado final compete estrictamente al ámbito jurisdiccional y correspondía a sus autoridades un fallo ajustado a la normativa vigente, el Ejecutivo sostuvo que no se puede perdonar genocidios, y exigió un fallo duro e implacable.

Estas voces, no hay duda, trataron de direccionar una sentencia invocando la comisión de un delito que no fue parte de la calificación procesal. Mientras tanto, quien se hallaba frente al patíbulo, con increíble dignidad, pese al largo calvario, esperaba justicia. Leopoldo Fernández antes reiteró y ratificó su voluntad de permanecer en el país enfrentando desde adentro cualquier decisión de los tribunales, no obstante de que, como sabemos todos, esta es una instancia convertida en comisarial. Hace años ya, perdió su majestad e independencia.

Al otro lado de esta noticia, surgió una otra que nos relata las vicisitudes del también pandino acusado de todo, incluyendo asesinato, que eligió el exilio ante un ceñudo acoso. La revista brasileña Veja (No. 2.517), que celebra su 50 aniversario, consignó un testimonio del exsenador Roger Pinto, en el que confiesa que, no obstante de que Brasil le presta su cobijo y le proporciona seguridad y trabajo, ningún exiliado es feliz.

Rememoró su larga estadía en la Embajada de Brasil en La Paz, desde mayo de 2012, y su posterior fuga rocambolesca atravesando 1.600 kilómetros, propiciada por el encargado de Negocios de esa legación, Eduardo Saboia, quien, en ausencia de su Embajador, asumió la responsabilidad directa de esa acción. Actualmente, superando las dificultades y habiéndose habilitado como piloto civil, Pinto enfrenta la vida asegurando: “Evo no me destruyó”. Aunque de verdad parece que otras desdichas se coaligaron para hacer de él un hombre triste.

Desde otro vértice, la actuación del diplomático Eduardo Saboia tuvo sus propios periplos y consecuencias. Ante la fuga, el Gobierno boliviano no dudó en calificarlo como cómplice y encubridor del prófugo. En su país, la reacción de la agonizante y carcomida gestión de Lava–Jato fue de gran molestia. Se lo sometió a una especie de proceso interno por Itamaraty, y finalmente el actual Gobierno de Michel Temer lo ascendió al más alto rango de la diplomacia brasileña, Ministro de Primera Clase, pudiendo desempeñarse como Embajador.

La actuación del doctor Saboia no fue ajena a los expertos en derecho internacional. Su actuación fue motivo de estudios, ponencias y relatorías (entre otras, la realizada por los maestrantes Lucas Monteiro de Souza y Marcos Felipe de Albuquerque Oliveira), que llegaron a conclusiones uniformes que establecían que la protección de los derechos humanos es un mandato de la Constitución Política del Estado, y que todas las generaciones de derechos se hallan amparadas en el territorio de la federación brasileña. Consiguientemente, siendo una Embajada la prolongación de un Estado fuera de sus fronteras en razón de extraterritorialidad, es obligación de sus responsables cumplir la Constitución, dar plena protección al asilado, y proteger la salvaguarda de esa persona, máxime aún si existían hechos verificables para ello, como las amenazas de muerte, su estado emocional y la negativa de su Gobierno de extender el salvoconducto que permita su salida.