El coronel Ronald Z.L., acusado por el Ministerio Público por los delitos de violencia familiar y uso indebido de influencias, ya no será Fiscal General de la Policía. El comandante general, Abel De La Barra, decidió anular su designación, según confirmó anoche el viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga.

La autoridad explicó que si bien el coronel Ronald Z.L. cumplía con los requisitos para optar por el cargo, pues también es abogado; no registra antecedentes en las direcciones departamentales, ni en la general, de investigaciones policiales y los procesos penales inconclusos, como el que enfrenta el coronel, no impiden asumir el cargo de Fiscal General de la Policía por el principio de la presunción de inocencia.

Sin embargo, “el Comandante General de la Policía ha tomado la decisión de apartarlo del cargo para evitar susceptibilidades”, sostuvo el Viceministro. La Ley 101 señala que a sola imputación del Ministerio Público, el policía acusado debe ser enviado a una unidad operativa y la Fiscalía General no lo es.

El juicio en contra del coronel Ronald Z.L., acusado por el Ministerio Público por los delitos de violencia familiar y uso indebido de influencias, continuó ayer, en el Tribunal de Justicia de Sacaba con la toma de declaraciones a la esposa del sindicado y a una perito de la defensa.

El caso se remonta al año 2015, cuando Marcela (nombre cambiado) denunció que era intimidada, perseguida y amenazada de muerte por el entonces director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Ronald Z.L. Marcela se había casado con el primo hermano del coronel, que en principio ayudó a la pareja tramitando ante Covipol, a su nombre, un crédito para vivienda. Marcela aportó 27 mil dólares para la casita, pero el matrimonio se convirtió en una pesadilla para ella, porque no quedaba embarazada. Fue golpeada por su esposo y tiene 12 certificados médicos forenses que prueban la violencia a la que fue sometida. Marcela lo denunció a la FELCV, pero asegura que el primo de su esposo aprovechó su condición de coronel y director de la FELCC, para influir en la investigación de su caso. Pese a todas las pruebas, el exesposo de Marcela se benefició con una condena leve de dos años de prisión que no cumplió, gracias a la suspensión condicional de la pena y el caso ya se extinguió. Marcela denunció que fue perseguida y amenazada por el coronel Ronald Z.L., mientras él usaba los vehículos de la FELCC para ello.



DOS PROCESOS En la vía disciplinaria, el Tribunal Disciplinario de la Policía de Cochabamba liberó de toda culpa al acusado, pero Marcela apeló a La Paz y aún no fue notificada con una respuesta. En la vía penal, la Fiscalía halló pruebas de la violencia contra Marcela. El peritaje psicológico del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) confirmó que ella ya había pensado en suicidarse por la presión a la que era sometida, más desde que luego de las amenazas fue atracada y casi asfixiada.

Una perito psicóloga de la defensa del coronel Ronald Z.L. cuestionó ayer el peritaje del IDIF, pero la parte acusadora pidió la exclusión probatoria de la intervención porque no se basó en entrevistas con la víctima, sino en un análisis del documento del IDIF, pero, los jueces decidieron admitirla como prueba. Afuera del Tribunal de Justicia de Sacaba, integrantes del colectivo Mujeres de Fuego, que apoyan a las víctimas de violencia en sus procesos, exigieron justicia a gritos cuando, en el juicio, el coronel Ronald Z.L. pidió la suspensión de las audiencias hasta después del martes 14 de marzo, cuando estaba prevista su posesión como Fiscal General de la Policía.