Qué duda cabe y cómo no recordarlo en pleno Día Internacional de la Mujer, el nuestro es un país profundamente machista. Las más violentas y lamentables expresiones de ello son por ejemplo los 101 feminicidios registrados en 2016 y los 20 que ya se cuentan esta gestión, cuando no han pasado ni tres meses.

Todos y cada uno de los hechos de sangre han consternado a una sociedad que aún no atina a dar una respuesta contundente al mal que padece. Un caso que sin embargo nos llama la atención de modo especial es el acaecido recientemente al interior de una unidad militar en Cochabamba.

El teniente militar Ciro Sergio Sánchez Ríos —informó ayer OPINIÓN— consiguió de manera irregular un arma del Ejército y con ella fue hasta el Batallón Logístico de Transporte, donde su expareja también oficial de las FFAA, Pamela Carolina Tito Roque, cumplía su turno, para asesinarla con tres tiros y luego quitarse la vida, en plena institución.

De acuerdo a las primeras hipótesis, el fusil automático SIG no fue sacado de la sala de material bélico del Regimiento Tumusla de Cotapachi, pues allí hay un único encargado de llaves que no tiene autorización para entregar armas a nadie. Existe la hipótesis de que Sánchez pudo exigir a algún miembro de la Comandancia de Guardia de esa unidad que le preste un arma; aunque se desconoce el pretexto que haya esgrimido.

Con el fusil de asalto SIG calibre 7.62 y, presuntamente en compañía de un soldado, Sánchez se dirigió al Batallón Logístico de Transporte para ir a buscar, por tercera vez, a su expareja, la subteniente Tito. La primera vez, Sánchez había acudido a ver a Pamela a las cinco de la madrugada. En esa ocasión, ambos discutieron y él se fue molesto. Más tarde retornó y agredió físicamente a la subteniente, al parecer porque ella se negaba a retomar la relación. El teniente, vestido de civil, se fue del Batallón, pero volvió armado a las 7:50 del domingo 5 de marzo. Según el comandante de la Policía, coronel Elvin Baptista, esta vez ingresó amenazando a la guardia, se enfrentó a Tito en la Comandancia, le disparó en la pierna, en la clavícula y luego en la cabeza. De inmediato colocó el fusil en su boca y se mató.

Muchas son entonces las preguntas que deberán responder las autoridades encargadas de la investigación, entre ellas las relacionadas a los vulnerados protocolos de seguridad en una entidad paradójicamente encargada de ello, así como las vinculadas al uso de armamento por parte de las personas facultadas por ley para portarlas.

Pero, además de ello, queda en interrogante qué es lo que hace el Estado para prevenir este tipo de crímenes en el seno de dos de sus más importantes instituciones, la segunda de ellas la Policía Nacional. Y es que los casos de violencia en parejas en las que el hombre, la mujer o ambos portan armas no parecen ser la excepción. Además de hechos de violencia física, psicológica y económica contra la mujer, tristemente no suelen ser mucha novedad en tales ámbitos los casos de feminicidio en los que median pistolas y fusiles.

Es conocido que mucho de machismo y brutalidad tenía el enfoque formativo de militares y policías. La pregunta es cuánto ha cambiado esto y cuántas y qué campañas educativas encara actualmente el Ejecutivo al interior de las unidades armadas —que ahora cuentan con el concurso de más mujeres— para revertir lo anterior. Las constantes denuncias y hechos de sangre parecen demostrar que no se hace mucho o se lo hace mal.

El sector de la población que trabaja portando armamento es especialmente delicado, pues la ciudadanía debiera verlo, ya que no como ejemplo, como el garante de la seguridad y de las leyes. Por ello, su capacitación, además de los elementos técnicos necesarios, debiera incluir una sólida educación en derechos humanos y asimismo despatriarcalizadora.