Ministro de Gobierno no cree que Araníbar ordenara disparar contra cooperativistas mineros
01 de marzo de 2017 (20:01 h.)
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo el jueves que no cree que el excomandante departamental de Policía, José Luis Araníbar, haya ordenado disparar contra los cooperativistas mineros que se movilizaron en agosto del 2016 en la carretera La Paz-Oruro.
Romero pidió pruebas sobre la supuesta orden que dio Araníbar para usar armas en ese conflicto y garantizó que el Ministerio de Gobierno asistirá jurídicamente a la defensa del exjefe policial imputado por presunto incumplimiento de deberes y denegación de auxilio en el caso del secuestro, tortura y asesinato del ex viceministro Rodolfo Illanes.
"Nosotros confiamos en la defensa jurídica del excomandante, ya que estaba en cumplimiento de su deber. Si vamos a procesar a la Policía por cumplir su deber estamos perdidos", enfatizó.
Entre tanto, se aguarda la audiencia cautelar a cargo de la juez Séptimo de Instrucción en lo Penal de El Alto, Ana Dorado, quien definirá la situación legal de Araníbar sobre la base de la imputación del Ministerio Público que pide la detención preventiva.
"No creo que se haya dado esa orden; por lo menos la información que tenemos de nuestros abogados, este extremo no se produjo, por ello, nosotros pedimos la reconstrucción de hechos y no la hicieron nunca", dijo en conferencia de prensa.
Romero pidió pruebas sobre la supuesta orden que dio Araníbar para usar armas en ese conflicto y garantizó que el Ministerio de Gobierno asistirá jurídicamente a la defensa del exjefe policial imputado por presunto incumplimiento de deberes y denegación de auxilio en el caso del secuestro, tortura y asesinato del ex viceministro Rodolfo Illanes.
"Nosotros confiamos en la defensa jurídica del excomandante, ya que estaba en cumplimiento de su deber. Si vamos a procesar a la Policía por cumplir su deber estamos perdidos", enfatizó.
Entre tanto, se aguarda la audiencia cautelar a cargo de la juez Séptimo de Instrucción en lo Penal de El Alto, Ana Dorado, quien definirá la situación legal de Araníbar sobre la base de la imputación del Ministerio Público que pide la detención preventiva.
