El nivel de descomposición de las relaciones humanas en el sector indígena es cada día más visible y preocupante porque, al parecer, se ha enquistado en las organizaciones un modo de hacer política basado en la idea de que quien detenta el poder tiene asegurada la complicidad de su base social en todo lo que haga, así sean los actos más repudiables para una comunidad.

Se dice que durante meses los pobladores de Achacachi demandaron al Alcalde la rendición de cuentas prevista en la ley como una obligación propia del cargo; pedido que no fue atendido en franco desafío a los habitantes, provocando un ambiente de malestar social que concluyó con desafortunados actos de vandalismo como prender fuego a la casa y al vehículo de la autoridad, como si con ese hecho la carencia de agua potable, de servicio de alcantarillado y otras llegarían a resolverse.

La respuesta a esa criminal conducta no se hizo esperar de parte de los “Ponchos Rojos” partidarios de la autoridad agredida, quienes, trasladados desde Warisata, ingresaron al pueblo a cobrar venganza cometiendo actos tan repudiables como los del otro bando, destruyendo e incendiando negocios, casas, vehículos, agrediendo sin discriminación a mujeres, niños, periodistas y cuanto ser humano encontraban a su paso, sin que autoridad alguna pueda detener el enfrentamiento fratricida.

De esta manera, se puso en evidencia la degradación total de un sector emblemático del movimiento indígena aymara, transformado en vulgar grupo delincuencial con actuaciones propias de las maras de Centroamérica. El sector privilegia la solución de sus diferencias mediante el uso irracional y desproporcionado de la violencia y el “Ojo por ojo, diente por diente”, renunciando a cualquier posibilidad de diálogo o demanda de justicia.

No queda duda de que las acciones de los pobladores de Achacachi y de los “Ponchos Rojos” de Warisata se hallan fuertemente influenciadas por las reglas no escritas del submundo del contrabando y otros ilícitos, y por la idea, verdadera o falsa, de que el Gobierno no está en condiciones de actuar contra ellos, que nadie se atreverá a interferir en sus decisiones, menos procesar y sancionar a los responsables (reales) de uno u otro bando.

Estas conductas son tan deleznables como son las de los dirigentes mineros que pretenden tomar la Asamblea Permanente de Derechos Humanos para ponerla al servicio del Gobierno. Después de tantos años de siembra prolija de odios, chantajes y mezquindades, se empiezan a ver los frutos que desgracian la vida de muchas personas.