Cochabamba, Bolivia, Viernes 17 de febrero de 2017
Editorial

Recordando el quiebre de Febrero Negro

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17/02/2017 | Ed. Imp.
En plena plaza Murillo, corazón político del país, al mediodía del miércoles 12 de febrero de 2003 militares y policías intercambiaban gases y balas, colegiales apedreaban el Palacio Quemado y maestros bloqueaban las esquinas. “¿Cómo habíamos llegado a esta locura?”, se preguntó el entonces vicepresidente Carlos D. Mesa, autor del libro “Presidencia sitiada”, sobre su paso por el Gobierno.

La razón de coyuntura era la protesta popular por una decisión de la administración de Gonzalo Sánchez de Lozada de establecer un 12.5 por ciento de impuesto fijo a los salarios, para reducir el déficit fiscal que llegaba al 9 por ciento . Una semana antes, OPINIÓN recogía el rechazo de diversos sectores. “Patronal advierte riesgos si se sube impuestos. En los hechos, el aumento al IVA es una disminución de sueldos”, decía el titular de apertura del 4 de febrero. “El déficit fiscal debe ser enfrentado recuperando las riquezas naturales a favor del pueblo boliviano”, afirmaba en una nota interior el entonces líder cocalero Evo Morales, quien en enero ya había llamado a movilizaciones contra las políticas del Ejecutivo.

Este diario, en sendos informes especiales y notas adicionales, analizaba las causas profundas del conflicto, suscitado en un débil Gobierno de megacoalición, liderado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR): “Si la intención fuera redistribuir la riqueza —decía el editorial del 5 de febrero—, lo que debe hacerse es estudiar con seriedad y prontitud la reformulación del modelo, evitar la concentración de riqueza, de poder y privilegios que caracterizan al orden imperante”.

Con todo, el Gobierno se animó a implementar la medida. Así, un día después, el lunes 10 de febrero, OPINIÓN tenía un doble titular de apertura, llamando además a las cosas por su nombre: “IVA en efectivo pagarán quienes ganan más de Bs 800” - “Rechazo generalizado al impuestazo”. En notas interiores, los titulares daban una idea de la situación: “Reunión de emergencia de los empresarios”, “COB anuncia medidas”, “Evo convoca a la unidad contra el ‘impuestazo”, “Fernando Quiroga: ‘Se les fue la mano”.

Y la sangre tuvo que llegar. En plena crisis, los policías se amotinaron por demandas sectoriales y se enfrentaron contra militares. “Sangrienta batalla genera caos y vacío político”, tituló OPINIÓN un día después de los peores enfrentamientos, el 13 de febrero. Ese mismo lunes, Sánchez de Lozada tuvo que retroceder y dejar sin efecto la medida cuyas consecuencias dejaron 32 muertos y más de 180 heridos. “Fue la única vez —recordaría Mesa en su libro— que vi al Presidente abrumado, como ausente, como si hubiese perdido la voluntad. Casi no hablaba, estaba totalmente ensimismado, extraño (…). Es sin duda el momento en que lo vi más herido del alma, pero extrañamente su reacción en los meses siguientes fue un atrincheramiento mental y un aislamiento progresivo de las calles”. En la misma línea, una columna del 14 de febrero firmada por Federico Sabat señalaba: “Los luctuosos hechos (…) pueden explicarse en lo que ya nadie oculta, ni siquiera algunos de los más conspicuos dirigentes movimientistas: la falta de capacidad, coherencia y unidad de objetivos en el planteamiento de medidas económicas y la falta de una visión más aproximada en el manejo político”.

Sánchez de Lozada denunció conspiraciones y se aferró al “orden democrático”. Pero, aunque temprano, ya era tarde para su proyecto. En el suplemento Escenario Político de OPINIÓN, el columnista Lorgio Orellana afirmaba el 16 de febrero: “Se ha infligido la herida más grave a la legitimidad del régimen social vigente, de la cual le va a costar años recuperarse, si es que antes no resulta barrido por una insurrección popular”. Unos días antes, el 13 de febrero, el editorial del diario iba mucho más lejos: “Una Constituyente sería ambiente adecuado para repensar el país”.


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