La Defensoría del Pueblo, en respaldo a la población GLBT (Gay, Lesbiana, Bisexual, Travesti, Transexual y Transgénero) del país, salió en defensa de la Ley 807 de Identidad de Género, norma contra la cual presentaron un recurso de inconstitucionalidad dos diputados y la Plataforma por la Vida y la Familia. La entidad preparará alegatos para objetar ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) la demanda presentada por representantes de grupos a los que calificó de “intolerantes” y apoyará también acciones jurídicas por discriminación contra ellos.

La acción abstracta de inconstitucionalidad contra la norma que permite el cambio de datos de identidad (nombre, sexo e imagen) en documentos oficiales para personas transexuales y transgénero, fue interpuesta ante el TCP el 13 de octubre de 2016 y admitida el 1 de febrero pasado. Entre los demandantes están los diputados Horacio Poppe (PDC) y Julio Huanca (UD).

En la demanda se argumenta que la ley va en contra de la Carta Magna en cuanto al cambio de dato de sexo, la confidencialidad del trámite y de la información presentada en el mismo; los derechos fundamentales, políticos, laborales, civiles, económicos y sociales a los que se accede con el cambio de identidad; y la prohibición del uso de documentos que consignen la identidad anterior en trámites y actos jurídicos.

“Esta ley es constitucional, tal es que entre los precedentes para su elaboración están dos sentencias constitucionales”, una sobre el derecho a la identidad y la otra referida a que existe “una distinta regulación para quienes presentan características desiguales”, afirmó ayer Tamara Núñez del Prado, Delegada Adjunta de la Defensoría del Pueblo.

En ese sentido, adelantó: “Estamos preparando acciones constitucionales, con acompañamiento de instituciones nacionales e internacionales, para dirigirnos al TCP. Por otro lado, hemos leído la demanda, dentro de la cual hay discriminación explícita y tácita contra una comunidad, las que van a generar las acciones jurídicas correspondientes”.

HOMOFOBIA Martín Vidaurre, director de Capacitación y Derechos Ciudadanos, organización sin fines de lucro, sostuvo que los demandantes confunden conceptos y terminología y emplean argumentos homofóbicos y transfóbicos con los que incluso se refieren al uso de baños públicos por parte de la comunidad beneficiada.

“Según ellos, la ley es inconstitucional porque beneficia a personas con orientación sexual diversa —gays, lesbianas y bisexuales—, cuando la norma es específica para el cambio de datos de identidad de personas transexuales y transgénero. Consideran que el cambio de identidad es para contraer matrimonios entre personas del mismo sexo, cuando ese no es el objeto de la ley”, complementó.

La ley, recordó Vidaurre, es la respuesta a una recomendación específica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su promulgación le valió felicitaciones al país por parte de la Organización de las Naciones Unidas.

“Duele mucho que veamos a grupos que están en contra de las conquistas de una población históricamente vulnerada y discriminada; no se puede retroceder en temas de derechos humanos, son conquistas progresivas”, dijo Mateo Rodrigo Solares, representante de los hombres Trans del país.

UNIÓN LEGAL De otro lado, Núñez del Prado informó que el proyecto de Ley de Acuerdo de Vida en Familia, el cual prevé la legalización de la unión entre personas del mismo sexo, ya fue ajustado por la Defensoría y actualmente es socializado entre organizaciones GLBT. “Hicimos ajustes para que no haya ningún vicio de inconstitucionalidad y al terminar la socialización, haremos ajustes finales y el Defensor remitirá el proyecto a la Asamblea”, precisó.

75

Trámites

Según datos del Servicio de Registro Cívico (Sereci), manejados por la Defensoría, 75 personas transexuales y transgénero recibieron a la fecha la resolución que autoriza su cambio de identidad. El detalle es el siguiente: 31 en La Paz, 14 en Cochabamba, 18 en Santa Cruz, 2 en Potosí, 3 en Beni, 5 en Tarija y 2 en Oruro.