En Cochabamba hay alrededor de 4 mil personas con discapacidad grave y muy grave que demandarán alrededor de 12 millones de bolivianos para recibir el bono mensual de 250 bolivianos propuesto por el presidente Evo Morales, ayer mediante un proyecto de ley.

De acuerdo a los registros de la Federación Cochabambina de Personas con Discapacidad (Fecopdis), en todo el departamento hay unas 12 mil personas con diferentes grados de discapacidad. Este sector demanda un bono desde abril de 2016, cuando iniciaron movilizaciones y vigilias. En junio del año pasado, dos personas murieron tras ser embestidas por un vehículo, mientras mantenían una vigilia en la avenida Blanco Galindo y Melchor Pérez de Olguín.

Las autoridades municipales advirtieron que sus recursos son insuficientes para asumir el pago municipal de 250 bolivianos mensuales por persona.

El presidente de Federación Cochabambina, Efraín Rodríguez, informó que hay 12 mil niños y adultos carnetizados. De ellos 4 mil califican en “grave” y “muy grave”, y serían los beneficiarios del bono, si es que se aprueba la norma.

El secretario general de la Asociación 4 de Mayo, Alberto Salazar, dijo que solo en el municipio de Cercado hay unas 400 personas que calificarían para el bono, de un total de 1.200 carnetizadas.

“Por ejemplo, yo no recibiría porque tengo 36 por ciento de discapacidad”.

Las discapacidades grave y muy grave están referidas a personas que prácticamente no pueden moverse, menos trabajar.

Salazar está en una silla de ruedas. Fue contratado por la Alcaldía para realizar educación vial en las calles. Tiene discapacidad moderada.

“Nosotros habíamos pedido que se pague a todas las personas con discapacidad que tengamos el carnet. Tiene que ser para los moderados, graves y muy graves”.

Al margen de la cantidad de beneficiarios, los alcaldes adelantaron sus dificultades para pagar este beneficio.

El alcalde de Cochabamba, José María Leyes, dijo que el planteamiento de Morales es “irresponsable” porque afectaría económicamente a las alcaldías.

El presidente de la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de Cochabamba (Amdeco), Héctor Arce, propuso que la otorgación del bono sea concurrente, entre el Gobierno central, los departamentales y los municipales.

“De que hay que ayudarles sí, hay que hacerlo. Habría que hacer un esfuerzo, pero no sé si solamente los municipios tendrán esa capacidad de poder resolver este problema”.

Arce manifestó que el tema se debe evaluar en función a la capacidad de las alcaldías.

“Yo creo que es posible el bono, pero en la medida de que ese pago sea concurrente, que los tres niveles de Gobierno lo hagamos. Si fuera solo de los municipios, me preocupa porque los municipios estamos pasando por un período, yo diría, de vacas flacas”.

Dirigentes de organizaciones tienen divergencias por el pago

Las organizaciones de personas con discapacidad en Cochabamba tienen diferencias en torno al pago del bono mensual de 250 bolivianos planteado por el presidente Evo Morales.

El secretario general del Sindicato 4 de Mayo, Alberto Salazar, cuestionó que los recursos para el bono tengan que ser responsabilidad de la Alcaldía. Aseguró que se debería garantizar desde el Tesoro General de la Nación (TGN).

“Ya desconfiamos, porque ya han rechazado las alcaldías. No es sostenible, no van a poder pagar porque el Gobierno sigue reduciendo el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)”.

Además, recordó que “la lucha” de 2016 fue por 500 bolivianos mensuales, para todos, y no solo 250.

El presidente de la Asociación Kanata Integral de Personas con Discapacidad (Akiperdis), David Cayo, dijo que su sector evaluará la propuesta porque la renta debe ser “sólida y sostenible en el tiempo”.

En defensa del Gobierno, el presidente de la Federación Cochabambina de Personas con Discapacidad (Fecopdis), Efraín Rodríguez, mencionó que todos los recursos salen del Presupuesto General del Estado y que, además, “ningún municipio ejecuta el 100 por ciento de su presupuesto y solo llega a un 70 por ciento ”.

Leyes dice que el Gobierno es quien debe pagar el bono

El alcalde de Cochabamba, José María Leyes, cuestionó la propuesta del presidente Evo Morales y aseguró que es el Gobierno quien debe pagar el bono para las personas con discapacidad.

“Lo que el Gobierno central debe hacer se lo está transfiriendo a las alcaldías”.

La autoridad municipal calificó de “irresponsable” el planteamiento nacional y observó que ya “es una costumbre” derivar las competencias nacionales hacia los municipios.

Leyes anunció que acudirá a la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) Bolivia y a la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de Cochabamba (Amdeco) “para que esa ley no entre en vigencia”.

“Esto sería atentar, por ejemplo, contra la mochila escolar. Sería pretender que los municipios paguemos un bono que le corresponde pagar al Gobierno. El Gobierno ha perdido el norte, ya no tiene contacto con la población”.

Paz pide compensar proyectos afectados

El alcalde tarijeño, Rodrigo Paz, planteó que si el Gobierno quiere que los gobiernos municipales asuman la responsabilidad del bono “debe compensar” con recursos económicos para aquellos proyectos que serán afectados, de acuerdo a lo publicado por ANF.

El Alcalde de Tarija estima que en su municipio hay alrededor de 6 mil personas con discapacidad que se beneficiarían del bono. Para esta cantidad de gente se necesitaría un presupuesto de 8 millones de bolivianos, lo que implicará afectar al menos 48 proyectos.

Paz manifestó que es necesario coordinar entre autoridades a la hora de decidir sobre los recursos que no son del Gobierno central, sino de los habitantes de un municipio.

“No nos consultaron. Están imponiendo la medida”.

Revilla teme por los recortes en obras

El alcalde del municipio de La Paz, Luis Revilla, coincidió con la autoridad tarijeña Rodrigo Paz e indicó que el pago de un bono municipal le pondría en la obligación de descartar proyectos previstos en su Plan Operativo Anual (POA) 2017.

Según publicó ANF, Revilla teme tener que recortar programas y obras. “Es fácil hacer política con plata ajena (...) Estos recursos no están previstos. Voy a tener que cortar proyectos”.

Se refirió a que los municipios tienen varias competencias y obligaciones de carácter social para atender la demanda de las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad.

Los alcaldes dijeron que todas las personas merecen atención del Estado, pero que las decisiones no deben ser de manera inconsulta.