El expresidente del Perú, Alejandro Toledo, (2001-2006) se encuentra desde anoche en busca y captura por orden de un juez para que ingrese en prisión de manera preliminar por 18 meses, ante los serios indicios de que recibió 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

A Toledo, que se encuentra fuera de Perú, la Fiscalía le imputa los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos por supuestamente haber favorecido a Odebrecht en la licitación de la Carretera Interoceánica del Sur a cambio de jugosas dádivas, depositadas en un entramado de empresas offshore. El juez Richard Concepción, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, declaró fundado el pedido de prisión preventiva solicitado por el fiscal anticorrupción Hamilton Castro, a cargo de la investigación.

El magistrado indicó que los "elementos de convicción" existentes son suficientes y "respaldan con alto grado de fiabilidad" su intervención en las irregularidades detectadas en la obra. "No es un ciudadano cualquiera. Fue Presidente de la República, y valiéndose de la más alta investidura del país, habría hecho todos estos actos corruptos para enriquecerse ilícitamente", dijo. Afirmó, además, que el encarcelamiento de Toledo debe realizarse porque los delitos imputados están penados con al menos cuatro años de prisión y porque Toledo "no tiene arraigo en el Perú", ya que su residencia habitual está en EEUU, donde ejerce como investigador de la Universidad de Stanford.

El juez rechazó la solicitud del abogado de Toledo, el excongresista Heriberto Benítez, para que el expresidente tuviera un régimen de comparecencias periódicas en el juzgado o un arresto domiciliario mientras dure la investigación.

Benítez anunció un recurso de apelación por considerar que el fallo viola los derechos fundamentales de su defendido.

Carretera

Odebrecht se adjudicó la obra por 1.184 millones de dólares y el coste final fue de 2.346 millones de dólares.