"No quiero decir que una corte tiene criterio sesgado, de modo que no lo haré. Pero sí diré que los tribunales me parecen muy politizados", sostuvo, ayer Donald Trump.

Primero fue la prensa "opositora". Luego, el juez que no merecía serlo. el sistema judicial en su conjunto. En una escalada reveladora de baja resistencia a la frustración, Donald Trump cargó contra los tribunales de este país, a los que calificó de "politizados".

La tensión llegó a tal nivel que el nominado por Trump para la Corte Suprema, Neil Gorsuch, dijo que los embates del presidente a la justicia son "desalentadores".

El novel presidente sigue sin digerir que la justicia de este país haya paralizado el controvertido decreto por el que prohibió temporalmente la entrada de ciudadanos de siete países predominantemente musulmanes. La aplicación de la norma no sólo generó caos en aeropuertos y aerolíneas locales y del extranjero, sino que despertó reacciones internacionales y masivas protestas en varias ciudades del país.

Los múltiples recursos cristalizaron en una decisión de la justicia federal del estado de Washington que, con alcance nacional, paralizó los efectos del decreto.

Lo hizo con la firma del juez James Robart y, desde el momento en que emitió el fallo, para el presidente de los Estados Unidos pasó a ser una persona que no merece respeto. "El supuesto juez", lo llama públicamente.

Ayer Trump subió su apuesta y disparó abiertamente contra todo el sistema, al que calificó de "politizado".

No fue sólo el presidente. Su elenco de gobierno repite más o menos la misma idea. De hecho, horas antes, el secretario de Interior, el general retirado John Kelly, ensayó sarcasmos sobre lo que consideró un "excesivo academicismo" por parte de los jueces.

El decreto está ahora en consideración de una corte de San Francisco. El tribunal intervino porque, por orden de Trump, el Departamento de Justicia presentó una apelación para que se levantara el bloqueo dispuesto por el juez Robart.

"Necesitamos que ese decreto se levante", dijeron los abogados del gobierno, al exponer en una audiencia especialmente convocada por los tres magistrados de la corte. Del otro lado estaban los letrados que denunciaron la medida ante Robart.

Fue en una audiencia telefónica en la que cada una de las partes expuso desde su lugar de residencia. Los jueces, en San Francisco; los abogados del gobierno, desde esta ciudad, y los de la acusación, en Seattle y también en esta ciudad.

Para muchos, el decreto de Trump es inconstitucional. Pero no era eso lo que se debatía en la audiencia, sino la pertinencia de mantener o no su bloqueo.

Los jueces se centraron en pedirles a los abogados del gobierno que justificaran por qué era tan urgente levantarlo y volverlo a poner en funcionamiento. Ellos dijeron que el veto a la entrada de algunos ciudadanos era crucial para mantener la seguridad en el país.

No se sabe qué tan convencidos quedaron los jueces. La decisión se esperaba para ayer. Pero luego se informó que tomaría todavía más tiempo.