El 30 de mayo de 2016 la Alcaldía de Cercado, después de varias semanas de debate, puso en vigencia la Ley Municipal No 0086/2015, que prohíbe el uso de teléfonos celulares o dispositivos análogos mientras se conduce un vehículo motorizado. Fue una medida vista con buenos ojos por la ciudadanía, sobre todo por los transeúntes de la Llajta.

Durante el primer día de operativos, la Dirección de Movilidad Urbana multó con 450 bolivianos a tres choferes que manejaban mientras hablaban por celular. Era todo un espectáculo observar cómo se hacían los controles. Había masiva cobertura de medios de comunicación.

El Jefe de Tráfico y Vialidad de la Alcaldía de Cochabamba dijo que “la multa fue fijada en más de 450 bolivianos en primera instancia, la segunda en más de 900 y, por tercera vez, 1.800 bolivianos, además de un reporte a Tránsito por conducción peligrosa y el impedimento para hacer trámites en la Alcaldía”.

El responsable aseguró que para esta labor se contrató a 120 nuevos guardias municipales cuya función prevé la amonestación de los infractores. Se aclaró que la contratación de ese personal iba a demandar cuatro millones de bolivianos del Plan Operativo Anual de la municipalidad.

Esa misma jornada, la Policía salió al paso y el entonces comandante del Organismo Operativo de Tránsito, coronel Jorge Butrón, comunicó que los efectivos a su mando también harían por su propia cuenta cumplir el Código de Tránsito, que multa con 100 bolivianos a los infractores o conductores distraídos. De repente, dos instituciones se habían “puesto las pilas” para un control considerado necesario.

Así fue. Por ello, personal de ambas instituciones era visto por las calles principales de la ciudad haciendo cumplir ambas normativas que apuntan a lo mismo, es decir, evitar la distracción de los conductores mientras conduzcan sus motorizados.

Esta norma parecía que iba a cambiar la conducta inadecuada de algunos malos conductores de vehículos. Pero, no. Pues seguimos viendo a choferes al volante y hablando por celular simultáneamente.

Lamentablemente, el entusiasmo para hacer cumplir esta norma ya pasó. La última vez que se vio a servidores públicos, tanto de Tránsito como de Tráfico y Vialidad de la Alcaldía, haciendo un masivo control fue durante las fiestas de fin de año.

Ahora ya no se nota que esos efectivos entreguen boletas a conductores que infringen la norma. Por tanto, al no haber controles, los choferes indisciplinados no solo no obedecen la normativa que, en su momento, fue aplaudida por la población, sino que violan otros códigos de tránsito como el no respetar los semáforos.

Así las cosas, los más perjudicados y expuestos al peligro siguen siendo los peatones y los usuarios de transporte público. Los transeúntes se ven vulnerables ante el manejo distraído de conductores que no respetan esta ordenanza y podrían ocasionar algunos accidentes. Los pasajeros también están expuestos cuando se suben a un motorizado que es manejado por un chofer distraído y que, al mismo tiempo, habla por celular mientras conduce.

En otros países desarrollados este tema (conducir y hablar por celular al mismo tiempo) también ha sido un problema mayor, por ello han establecido normas que van de la mano de la educación cívica de los habitantes. Conductores y peatones han logrado un nivel de consciencia ciudadana que contribuye a la convivencia más armoniosa y respetuosa.

En nuestra ciudad, a través de esos procesos de educación ciudadana, también se podría llegar a buenos niveles de convivencia entre conductores y peatones, pero es importante también la constancia de las autoridades llamadas por ley para hacer cumplir sus propias normas y predicar con el ejemplo.