Unos dos millones de personas que viven en Argentina son migrantes. De acuerdo al Censo 2012 del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, el 38.2 por ciento de los migrantes bolivianos vive en Argentina. Nueve de cada 10 casos de radicatoria resueltos en el país vecino en más de una década corresponden a ciudadanos que provienen de Paraguay, Bolivia, Perú y Colombia.

De la población penitenciaria extranjera que se encuentra en cárceles argentinas, el primer lugar lo ocupan los paraguayos con 1.400 reos, el segundo Perú con 782 y el tercero Bolivia con 731, luego están Chile (350), Uruguay (330) y Colombia (267).

Buena parte de toda esa gente y otra que proviene de los países mencionados podría estar en problemas porque el presidente de Argentina, Mauricio Macri, ha decidido endurecer las políticas migratorias de su país para evitar el ingreso de personas con pasado oscuro y, para tal efecto, firmó el último lunes un decreto cuestionado.

Lo curioso del caso es que no solo evitará el ingreso de personas que provengan de países como Bolivia, sino que sus nuevas disposiciones amenazan con iniciar una cacería interna porque el artículo 62 indica que la Dirección Nacional de Migraciones “podrá cancelar la residencia que hubiese otorgado, cualquiera fuese su antigüedad, categoría o causa de la admisión, y dispondrá la posterior expulsión” cuando el migrante hubiese recurrido a documentos fraudulentos para conseguir un beneficio migratorio, pero también si fue condenado en Argentina y el exterior y esto podrá tener lugar incluso cuando no exista sentencia.

Aunque el Gobierno argentino ha esgrimido razones incuestionables por cuanto estas tienen que ver con el derecho de evitar el ingreso de personas vinculadas al narcotráfico, la corrupción y todo tipo de tráfico, lo cierto es que no deja su decreto de vulnerar principios como el de la presunción de inocencia, fundamental y universal por cuanto sin existir sentencia de por medio, basta que un individuo tenga antecedentes para que le cierren la puerta de acceso a ese país.

Tal vez por ello no faltan los analistas que están haciendo ya un parangón entre este tipo de disposiciones y la política migratoria de Trump que amenaza con incendiar la política internacional por ser, ante todo, atentatoria.

No solo eso, el decreto firmado por el Presidente argentino también se constituye en un atropello contra sus propias leyes al haber soslayado a los parlamentarios en este tipo de disposiciones debido a que a través de un decreto, Macri formalizó cambios en la Ley de Migraciones.

En todo caso, lo preocupante de estas disposiciones es que mediante ellas Argentina no necesitará tener mucho a mano para impedir el ingreso de una persona ni para echarla de suelo argentino. Por ejemplo, en una parte del decreto se puede leer que "solo con un informe que diga que la persona está en una red de terrorismo se podrá impedir el ingreso o tramitar la expulsión".

Tomando en cuenta la ligereza con la que muchas veces actúan tanto fiscales como policías a la hora de hacer detenciones, mandar “informes” y hacer imputaciones, no es difícil sacar algunas conclusiones sobre los efectos que tendrá el decreto mencionado.

Lamentablemente, este tipo de disposiciones suele afectar también la relación entre países que, en el caso de Bolivia, ya es un poco complicada por tener los presidentes de este país y del vecino diferentes tendencias políticas.

A pesar de ello, convendría que el Gobierno boliviano vea la manera de proteger a los bolivianos que se encuentran en la Argentina mediante sus misiones diplomáticas que debieran ser reforzadas con abogados, a fin de que los derechos humanos de quienes migraron hasta esos suelos no sean vulnerados.