El representante del Defensor del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox, dijo que las autoridades argentinas no pueden expulsar a los bolivianos que viven en ese país a simple denuncia de que han fraguado documentos para adquirir la residencia.

Indicó a OPINIÓN que es probable que puedan existir casos en que algunos connacionales hayan adulterado los papeles para legalizar su permanencia y que las autoridades del vecino país no se enteraron y los legalizaron.

Explicó que si los argentinos encuentran algún caso donde se habrían adulterado los documentos, el acusado tendría que pasar a la justicia ordinaria para que sea investigado y juzgado por la vía penal.

“Debemos tener claro que el decreto supremo 70/2017, aprobado ayer, es una norma migratoria de tratamiento administrativo sancionador”.

En una entrevista con este medio, el representante del Defensor analiza la normativa.

P.- ¿Las autoridades argentinas pueden expulsar a los bolivianos a sola denuncia de fraude en su documentación?

R.- No se puede expulsar a un ciudadano boliviano acusado de hacer fraude en sus papeles de forma inmediata, porque ese es un delito de orden penal.

El que hace fraude en la documentación comete los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, esos son delitos de orden penal, no son delitos de régimen sancionador administrativo, por lo tanto, son casos que deben ser investigados penalmente. Un ciudadano acusado por ese ilícito tiene que ser tratado con las mismas formalidades que cualquier argentino. Si se establece que se fraguaron los papeles, luego de un debido proceso, recién se podría sancionar con la norma administrativa sancionadora (aprobada ayer), es decir expulsar al boliviano involucrado en el caso.

P.- ¿Cree que el decreto supremo aprobado ayer por el presidente de Argentina, Mauricio Macri, vulnera los derechos humanos de los bolivianos que viven en ese país?

R.- Cuando se aplique a plenitud todo el decreto supremo estaremos en condiciones de decir si vulnera o no los derechos humanos. Aparentemente tal cual está redactado parece que no va a vulnerar los derechos, sobre todo viendo las garantías que propone la normativa legal.

Como Defensoría del Pueblo estamos atentos del nivel de cumplimiento a esa normativa aprobada ayer y que tiene que ver con una modificación a la ley migratoria Nro. 25.871, pero que ha merecido un cambio que está justificado, aparentemente por las autoridades argentinas, porque señalan que los tiempos en la tramitación administrativa eran muy abundantes y eso generaba posibilidades de vulneración de los derechos humanos. Ante ello, hicieron un recorte en la normativa, aprobada ayer, que tiene la finalidad de dar respuesta certera a la problemática en tiempos oportunos. Hemos visto casos en los que por la dilación injustificada en los papeleos se vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos. Vemos que a lo que está apuntando el Decreto Supremo 070/2017 es a que cualquier trámite se concluya en los 400 días que especificaba la Ley Migratoria.

Aparentemente, la normativa busca precautelar los derechos humanos de los compatriotas en el vecino país.

P.- ¿Se acortaron los plazos y los procedimientos para que los bolivianos justifiquen su permanencia en ese país y para su expulsión?

R.- Estamos seguros que este decreto tiene que merecer un filtro en el marco de lo que es nuestra intervención como Estado boliviano en pro de los que viven en Argentina.

Es necesario que los consulados y la propia embajada boliviana haga un parangón a la luz de lo previsto en la Convención Internacional sobre la protección de los Derechos Humanos de todo Trabajador Migratorio y sus Familiares.

Esa norma internacional delimita los derechos humanos que tienen los extranjeros en el mundo y que no los pierden en ningún momento, ni siquiera en su condición de indocumentados en otro país que no sea el suyo.

Lo que tiene que tomarse en cuenta es que cada boliviano no es una persona aislada, sino que tiene una familia.

Si bien no existen referencias concretas en el decreto para cada falta que hayan cometido los ciudadanos bolivianos, es necesario que las autoridades de Bolivia acompañen y registren cualquier tipo de denuncia, porque de constatarse una vulneración, que aparentemente a la luz de esta convención, parecería que no existe porque todo Estado es soberano en su decisión de tener sus normas migratorias, es decir, ingresan los que cumplen con los requisitos que ese país define. Ahora, si a raíz de esa modificación con el decreto a la ley migratoria se empieza a desarrollar una cacería de brujas por denuncias masivas a veces entre los mismos connacionales, es importante que exista una política de protección del presidente Evo Morales para nuestros connacionales en Argentina a objeto de que inmediatamente se asuman los correctivos porque para eso está la Convención de los Derechos Humanos y se ha creado un Comité de Defensa de los Derechos Humanos.

Es necesario aclarar que este tipo de normativas son para expulsiones individuales de una persona en función de los antecedentes, de una valoración y de una documentación que pueda ser constatada objetivamente para poder justificar esa decisión.

P.- ¿La normativa argentina puede ser considerada xenófoba?

R.- Una expulsión arbitraria debe ser denunciada, es más, las autoridades bolivianas en Argentina deben hacer seguimiento de oficio a todos los casos, porque este decreto puede ser xenófobo.

Nuestras autoridades deben estar alertas para tener un relacionamiento con dirigentes, representantes de los residentes bolivianos en Argentina para que la aplicación de la norma sea correcta como ha previsto el Estado argentino y que no pueda vulnerar los derechos de las familias que se encuentran establecidas con o sin residencia. Nadie puede conculcar los derechos que fueron conquistados por los bolivianos en el vecino país.

P.- ¿Qué efectos podría tener la disposición del decreto que premia a los que denuncien a los bolivianos que tienen problemas de documentos?

R.- Esa incorporación de un permiso excepcional de residencia para quienes efectúen una denuncia en contra de bolivianos en Argentina, sería una medida muy buena siempre y cuando beneficie realmente a las personas que ayuden a encontrar a los que cometen delitos como la trata y tráfico de personas, por ejemplo, porque estaría ayudando a establecer los niveles de criminalidad organizada y esa persona (denunciante) necesita ser protegida.

Esperemos que en su aplicación no pueda ser empleada en la dimensión de dañar. Es probable que muchos que están de forma irregular en Argentina se aprovechen y denuncien a inocentes o a los que están sin residencia, pero que no tienen una actividad reñida con las normas legales, que no cometen ningún delito.

Creo que las denuncias dañinas pueden ser prevenidas con un manejo solidario de las autoridades de la Embajada y de los consulados.

No se puede permitir que se convierta en un modus vivendi para que algunos consigan una residencia temporal a costa de sus propios compatriotas.

Coordinación

La Defensoría del Pueblo de Bolivia, coordinará futuras acciones con su similar de Argentina para precautelar los derechos humanos de los bolivianos en ese país.

Apuntes

Plazos

El representante del Defensor del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox, señaló que los plazos fijados y las sanciones en relación a la expulsión y un nuevo ingreso de bolivianos a Argentina, no tienen reglas claras y ponen a todos los que sean expulsados. Debe estar claro que algunos serán sacados de ese país por haber cometido faltas y no delitos.

Esperamos que la norma legal precautele la reunificación familiar, porque la expulsión de algún miembro de una familia puede desencadenar en su desintegración.

El Gobierno

Cox señaló que la política del Gobierno del presidente Evo Morales en los últimos 10 años fue ayudar a los bolivianos en el vecino país a que tengan sus documentos de forma rápida, para que logren avalar que eran ciudadanos regulares y sin problemas legales.

Añadió que, ahora, ante las normas restrictivas de Argentina, el Presidente debe aplicar una nueva política de protección a los connacionales para evitar que no se les vulnere los derechos humanos y “no se les corretee xenófobamente” .