El juez de Ejecución y Supervisión Penal 3, Santiago Maldonado, encargado de controlar la causa de la sentencia de 10 años de cárcel de Juan Carlos Aguilar Mérida, no fue notificado de las otras siete faltas del interno a El Abra. 

Solo fue informado oficialmente del hallazgo del recluso en la discoteca ilegal Antequera, luego de que los medios de comunicación difundieran la noticia. Las otras faltas que según el director de El Abra, Frieder Jiménez, fueron informadas a Régimen Penitenciario y al Juez, eran desconocidas para la autoridad judicial. 

Este diario llamó ayer a la directora de Régimen Penitenciario, Rocío Quipildor, para consultarle al respecto, pero estaba en una reunión en La Paz y no contestaba el celular. 

La secretaria de la institución dijo que no podía dar entrevistas, pero acotó que la Ley de Ejecución y Supervisión Penal 2298 establece que son los directores de recintos penitenciarios los que deben informar de cualquier vulneración cometida por los internos favorecidos con los indultos. Cuando se le replicó que el director de El Abra aseguró que prestó informes de todas las faltas al Juez y a Régimen Penitenciario, la secretaria preguntó: “¿Le mostró el director esos informes con sello de recepción de Régimen?”.

La Ley 2298 establece que cada cárcel debe tener un Consejo Penitenciario que, entre varias funciones, tiene la misión de “emitir los informes que solicite el Juez de Ejecución Penal respecto a la evolución del condenado para la aplicación de beneficios penitenciarios”. 

El Consejo Penitenciario debe estar conformado por el director del penal, un delegado interno, un trabajador social, un médico, un psicólogo, un representante de los Ministerio de Educación y de Trabajo, que deben evaluar a los reclusos para verificar que cumplan los requisitos para ser beneficiados con indultos de distinto tipo.