El 18 de enero, el director nacional del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), dependiente del Ministerio Público Fernando Valle, a tiempo de presentar su informe de rendición pública de cuentas dio un dato por demás preocupante sobre la violencia en el país, y es que de las 65.064 personas que fueron atendidas por los médicos forenses en los nueve departamentos, 56.556 corresponden a víctimas de violencia en el marco de la Ley 348, es decir que el 87 por ciento acude al servicio médico forense porque es objeto de violencia física, una de las múltiples expresiones de la violencia machista. Añade que “... luego se encuentran los de agresión sexual, accidentes de tránsito y finalmente agresiones por riñas, peleas y robos”.

Por su parte, la coordinadora nacional Silvia Yucra afirma, aunque sin dar cifras, que en el IDIF “se efectúan valoraciones ginecológicas y proctológicas en víctimas de agresiones sexuales (mujeres y varones)”.

Sin poner en duda la veracidad de la información proporcionada por el IDIF, ni dejar de reconocer la importancia de la misma, lo que se echa en falta es mayor precisión en su manejo, toda vez que al indicar son “víctimas de violencia en el marco de la Ley 348”, nos deja como con una historia contada a medias, porque no aporta datos desagregados por tipos de lesión, relación de la víctima con el agresor y otros que podrían ayudarnos a entender lo que está pasando en el país. Además, para que sea completo sería importante aclarar si todos los exámenes corresponden a sucesos ocurridos en la gestión o también hubo algunos de gestiones pasadas.

Respecto a las agresiones sexuales, no se proporcionaron cifras desagregadas por edad, sexo, procedencia (urbana o rural) de la víctima y del o los agresores. No obstante lo sensible del tema se lo menciona muy de pasada entre otros delitos. Tampoco se dieron datos desagregados sobre homicidios o asesinatos.

La valiosa información que tienen el Ministerio Público, el IDIF y el Órgano Judicial, requiere de un manejo pulcro y preciso, no de manera tan general, pues es en base a esos datos oficiales, que se realizan estudios, elaboran informes y se evalúan las políticas que ejecuta el Estado. Esa información bien podría servir para que las autoridades nacionales, departamentales y municipales elaboren sus planes orientados a la erradicación de la violencia machista. Finalmente, con una información completa y muy bien elaborada, el Sistema de Justicia podría exigir el mejoramiento de su presupuesto.