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  • Diario Digital | viernes, 19 de abril de 2024
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LA DIRIGENCIA LABORAL TAMBIÉN RATIFICÓ APOYO A LOS TRABAJADORES DE LA CNS. PIDE AUDIENCIA CON EL PRESIDENTE EVO MORALES.

La COB pide juicio para dos magistrados y rechaza fondo

La COB pide juicio para dos magistrados y rechaza fondo



El ampliado de la Central Obrera Boliviana (COB) determinó exigir el inicio de un juicio de responsabilidades en contra de los magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ruddy Flores y Neldy Virginia Andrade, que repusieron el preaviso de despido laboral. También ratificó el rechazo de los trabajadores al Fondo Agropecuario creado por el Gobierno, para otorgar préstamos, con dinero de las jubilaciones, a los productores.

El ampliado que además determinó reafirmar su apoyo a los trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CNS), que exigen la renuncia de su gerente general, dio un plazo de 72 horas al presidente Evo Morales, para que dé respuestas a estas demandas.

"Ahora se trata de vida o muerte, trabajo seguro, familia segura, que eso es lo que los trabajadores buscamos. Este proceso revolucionario debe seguir para el vivir bien de todos los trabajadores", manifestó el secretario ejecutivo de la COB, Guido Mitma.

El ente matriz de los trabajadores concluyó su encuentro con una marcha, desde la sede de la Federación de Trabajadores Fabriles de Chuquisaca hasta el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), para rechazar la sentencia que emitió esa instancia judicial.

“La COB ha aprobado en el ampliado nacional que va a presentar juicio de responsabilidades, a través de nuestros diputados y senadores que tenemos en la Asamblea Legislativa, en contra de los dos magistrados de la Sala Tercera”, dijo a ANF el dirigente del ente matriz de los trabajadores, Vitaliano Mamani.

El Gobierno también rechaza esta decisión judicial y ha elaborado un proyecto de ley para blindar la denominada estabilidad laboral y tratar de dejar sin efecto la anulación del fallo.

HUELGA La COB amenazó ayer con iniciar una huelga indefinida por un fallo del Tribunal Constitucional (TC) que facilita los trámites para despidos y en rechazo a la decisión del Gobierno de financiar al sector agrícola usando los aportes de los trabajadores en los fondos de pensiones.

La asamblea de dirigentes sindicales celebrada en la ciudad de Sucre, capital constitucional y sede del Poder Judicial, resolvió lanzar esa amenaza y luego realizó una marcha en la que hizo detonar cartuchos de dinamita cerca de las oficinas del Tribunal Constitucional.

FONDO El Gobierno ratificó que el Fondo Agropecuario, creado para direccionar recursos del Fondo de Pensiones a créditos para los medianos y pequeños productores de alimentos del país, no pone en riesgo los aportes de los jubilados ni su rentabilidad. Sin embargo, la COB determinó presionar para que el Gobierno retroceda en esa medida.

Al respecto, Mitma dijo que la COB rechaza esa medida porque "no hay garantías para la devolución" de un dinero prestado a un sector "tan vulnerable" como el agrícola.

Salud

Trabajadores de la CNS amenazan con un paro indefinido desde la próxima semana, si su pedido de renuncia del gerente no es atendida.

TCP: El preaviso está vigente

LA PAZ

El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, Osvaldo Valencia, ratificó ayer que las dos sentencias que restituyen el preaviso están vigentes y remarcó que su aplicación entra en vigencia solo siempre y cuando el trabajador los acepte.

"El Tribunal Constitucional reunido en pleno con la participación de todas las salas y un análisis netamente jurídico y por mayoría de los miembros del Tribunal Constitucional, determinó que esa sentencia 1262/2013 y la interpretación que hace el preaviso sigue vigente, por tanto en este momento para todos los bolivianos informarles que el preaviso sigue vigente si lo acepta el trabajador", explicó el magistrado a los periodistas.

Valencia remarcó que la sentencia 907 es un caso aislado, que no genera precedente, a raíz del cual los magistrados Ruddy Flores y Melvi Andrade deben asumir las consecuencias legales por apartarse de la línea jurisprudencial.