La Alcaldía de Cercado, el Servicio Departamental de Salud (SEDES) y la Dirección Departamental de Educación (DDE) fueron las instituciones que más vulneraron los derechos humanos en la gestión 2016; sin embargo, tras la intervención de la Defensoría del Pueblo las quejas disminuyeron.

El representante del Defensor del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox, informó ayer que el municipio fue denunciado 82 veces entre enero y agosto, pero entre septiembre y diciembre bajaron a cuatro, luego de que el alcalde José María Leyes y otras autoridades municipales se comprometieron a implementar acciones destinadas a respetar los derechos de todos los ciudadanos.

La mayoría de las quejas de las personas estaban centradas en la demora en las respuesta a los trámites administrativos que realizaban en la Alcaldía.

También habían otras referidas al maltrato que recibían los qhochalas de los funcionarios de la Intendencia Municipal, principalmente cuando tramitaban la licencia de funcionamiento de algunos negocios y el permiso de la oficina de sitios municipales.

Cox señaló que el Alcalde “escuchó se informó de las denuncias y aceptó cambiar las actitudes para revertir esa situación”.

El Defensor, ayer, dio un informe de gestión a las organizaciones sociales de Cochabamba.

Las resoluciones de la Defensoría del Pueblo no son de cumplimiento obligatorio, pero sí ayuda a las víctimas a seguir los procesos legales en contra de las instituciones que vulneran sus derechos.

SALUD La segunda institución con más denuncias en la Llajta fue el Servicio Departamental de Salud (SEDES). Ahí, se reportaron 64 quejas.

La mayoría de denuncias las hicieron los pacientes que no recibieron una atención oportuna y con calidez. También recepcionó quejas del personal de Salud. “Se dieron casos de acoso laboral entre compañeros en los hospitales y centros de salud”.

También se presentaron quejas sobre la falta de medicamentos e insumos para atender a los pacientes.

El personal de Salud denunció la falta de transparencia en el proceso de selección y nombramiento de personal profesional.

Cox reconoció que no logró reunirse con las autoridades del SEDES “por falta de tiempo”, pero sí lo hizo, en noviembre, con la secretaria de Desarrollo Humano Integral de la Gobernación de Cochabamba, Casimira Rodríguez.

“La idea no es sumar casos, sino solucionarlos y ayudar a los ciudadanos que nos buscan para lograr una ayuda efectivas”.

EDUCACIÓN Las quejas en la Dirección Departamental de Educación también estuvieron relacionadas a acoso laboral entre directores, profesores y personal administrativo. Asimismo, recepcionaron casos de maltrato de maestros a estudiantes.

Entre enero y septiembre del año pasado se reportaron 62 casos. El Defensor se reunió con las autoridades de Educación en septiembre y las denuncias en esa institución disminuyeron a seis.

Cox señaló que para superar los problemas en esa institución, de manera conjunta (Defensoría y Educación) están elaborando un reglamento para manejar los casos de acoso laboral y maltrato estudiantil.

DESAFÍOS Entre los retos que se planteó la Defensoría del Pueblo en Cochabamba está hacer seguimiento al trabajo que realizan las autoridades municipales para solucionar la provisión de agua para todos los hogares qhochalas, fortalecer el sistema de protección de los derechos humanos de la población, principalmente a los que están en situación de vulnerabilidad.

También trabajarán para fortalecer los mecanismos de protección a las mujeres para evitar que continúen siendo víctimas de maltrato. Los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y enfermos están entre las prioridades para este año.

Diez días

Las instituciones denunciadas tienen diez días para responder los requerimientos de la Defensoría  del Pueblo.