Hemos visto estos días en Bolivia el vuelco total del aparato estatal a la promoción del Rally Dakar, conocido por su recurrente conflictividad en varios países debido a los daños ambientales, culturales y sociales que provoca. A través de medios y actores oficialistas se mostró un amplio despliegue de parafernalia y rituales en torno a este evento, con desbordado fervor, a la par de agresividad contra sectores críticos. Estos hechos merecen un análisis detenido.

Por unas declaraciones que hizo el propio Evo, está claro que el “espectáculo Dakar” tiene una función distractiva sobre el pueblo en un contexto en que acecha la crisis económica. Por ello, el Gobierno despliega todas las acciones posibles para mantener una base social devota de sus consignas y su caudillo, fetichizado como amuleto benefactor que trae “obras”.

Toda la pompa del Dakar, con características pseudo religiosas, está orientada a la reproducción y legitimación del poder, no solo del Gobierno boliviano, sino de aquel poder transnacional al que está hoy perfectamente articulado: el poder neocolonial de empresas petroleras y automovilísticas, que emplean estrategias persuasivas para su expansión ideológica y territorial hacia lugares lejanos, ricos en recursos naturales.

El espectáculo construido utiliza poderosos lenguajes simbólicos y corporales, con rituales y actores que deslumbran a las masas enfocándolas hacia consignas fijas: son ellos, Nosiglia, Evo, Total, Repsol, Toyota, Peugeot… los súper héroes que hacen la historia. El pueblo debe rendirles culto y embobarse ante sus grandes máquinas y poderes superiores. Solo ellos tienen capacidad y benevolencia para traer “desarrollo”. Se refuerza así la construcción de un pueblo pasivo, que no necesita pensar ni crear. La democracia se reduce a esta lógica de subordinación popular y enseñoramiento de caudillos.

El Dakar y todo su boato apoyado por el Gobierno, son una muestra de la fetichización del poder. Es una forma de pervertir el sentido de la función pública, con prácticas que ejercen una impúdica manipulación simbólica y ritual. Es un hecho contrario al carácter constitucionalmente laico del Estado. Ello amerita la necesidad de implementar mecanismos legales para limitar o penalizar estas acciones.