Opinión Bolivia

  • Diario Digital | jueves, 28 de marzo de 2024
  • Actualizado 11:15

Soluciones al desastre

Soluciones al desastre
Una vez más los actores políticos remueven las heridas que deja la violencia machista que destruye vidas de mujeres niñas y niños. El objetivo para este repentino deseo de buscar soluciones precipitadas y por el desastre es nada más ni nada menos que tener un pretexto para abrir la Constitución Política del Estado e intentar una vez más la aprobación para la re, re, re elección de la dupla que ya lleva más de una década en el poder.

Como cada vez que se avecinan problemas en el país, ahora que existe desesperación por encontrar vías para violentar el texto constitucional, se echa mano al dolor y la indignación legítima que causan en la población los crímenes cometidos contra niñas y niños. Una vez más sin escrúpulo alguno se vierten propuestas para ir por la vía fácil de sanciones extremas para resolver problemas que no fueron encarados de manera seria en tiempos de bonanza. Uno de los resultados de esa irresponsabilidad en el tratamiento de la violencia contra las mujeres, las niñas y los niños es el elevado índice de feminicidios que el año 2016 llegó a 104 mujeres y cerca de 40 niños y niñas asesinados mayoritariamente por las personas más cercanas a ellas/os.

No obstante las posibilidades económicas favorables se privilegiaron gastos en muchas cosas superfluas, antes que en políticas sociales que incidan verdaderamente en cambios de valores y percepciones dominantes en la sociedad que ubican a las mujeres, las niñas y los niños en situación de vulnerabilidad.

Desde el Primer Mandatario del Estado se ha lanzado la propuesta de modificar la Constitución para incorporar la “cadena perpetua” para autores de violación seguida de muerte, pedido que rápidamente ha sido amplificado por sus incondicionales sin percatarse de que en todo Estado que se precia de democrático, la solución a los problemas sociales, no pasa por el endurecimiento de las condenas ni la sobrepoblación de las cárceles, sino por programas de prevención sostenidos y, sobre todo, fortaleza de las instituciones encargadas de la investigación y procesamiento de los ilícitos.

La prueba de la inutilidad de largas condenas sin la adopción de las medidas señaladas, las tenemos en el hacinamiento de las cárceles, en los más de 14.000 privados/as de libertad y un porcentaje vergonzoso cercano al ochenta por ciento de presos sin condena. Hablar de modificar la Constitución vía referéndum para incrementar las penas para ciertos delitos, no es otra cosa que desconocimiento de los problemas sociales que aquejan a nuestra sociedad es, sobre todo, buscar soluciones por el desastre solo porque por el momento resultan útiles a los deseos de perpetuarse en el poder.