A mediados del pasado año, entre las bufonadas que tocó representar a los jerarcas de Estado, resaltó la celebración de la denominada “Cumbre Nacional de Justicia”, curioso junte de grupillos leales al Gobierno en que se debatió de todo, menos de los temas fundamentales que realmente atañen a la administración de justicia en el país. Ahora, en los albores de este nuevo año, nuestro Presidente ha anunciado estentóreamente la materialización de las conclusiones extraídas de ese bodrio, traducidas en la implementación de reformas legislativas orientadas a combatir la endémica mora procesal, incidiendo en el escarmiento a jueces y fiscales holgazanes y negligentes. ¡Inédita solución al problema estructural de la justicia! O al menos, esa debe ser la aguda reflexión que insufla bríos a los esmerados adalides del proceso de cambio.

Es así, que en días recientes, nuestro sempiterno líder, ha remitido a la Asamblea Legislativa cuatro proyectos de ley, entre los que destaca la propuesta de reforma al sistema penal, una más en el maremágnum de caóticos mamotretos que nos han inundado en los últimos años. Dicha propuesta fija nuevos plazos para los procesos, establece una recategorización de infracciones penales, y prevé sanciones para los jueces, fiscales y abogados que incurran en dilación procesal. Apelando al garrote se quiere, pues, agilizar el sistema judicial. Y es que, en las sibilinas palabras de nuestro Presidente, “algunos abogados, jueces y fiscales son expertos para suspender audiencias”. Por eso, el proyecto en cuestión, como gran solución al problema de la retardación, propone que el juez que suspenda audiencias sea destituido; que la inasistencia del fiscal sea motivo de reemplazo inmediato, conducción por la fuerza pública y/o destitución, y que el abogado que no comparece sea sancionado con suspensión de su matrícula. Con semejantes medidas, se pretende coronar los resultados de la magna cumbre de justicia, sentando las bases de una heroica revolución del sistema judicial, que destierre para siempre la retardación, como resabio indeseable de las prácticas coloniales.

Pero ¿habrá todavía quienes crean, cuerdamente, que el milenario problema de la mora procesal será resuelto con ramalazos de leyes, decretos y normas disciplinarias y punitivas? A fuerza de constantes topetazos contra los muros implacables de un sistema ineficiente, hace tiempo ya que deberíamos saber que las solemnes y fatuas declaraciones legislativas no poseen el poder alquímico para transformar la realidad; que el ejercicio de los derechos fundamentales –entre ellos el acceso oportuno a la justicia- no queda garantizando con la proliferación de códigos y papeles inservibles.

La reforma fanfarroneada desde el Gobierno, es solo la réplica de una cantinela que se repite cada año. Y como ocurre cada año también, se debe lamentar ahora, una vez más, que estas “profundas” reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo, no prevean en absoluto –al margen de los consabidos remiendos procedimentales- la asignación de un mayor presupuesto al Órgano Judicial, para la creación de juzgados, modernización de la administración de justicia y capacitación de servidores públicos. Los procesos no se agilizan ni se dinamizan a base de nuevos plazos o de amonestaciones. No importa cuántas leyes de “descongestionamiento” sean implementadas en el futuro, abreviando plazos o endureciendo sanciones; no importa cuántos jueces o fiscales sean removidos, procesados o destituidos. Si no existen recursos humanos y materiales para afrontar la creciente demanda de justicia en el país, el problema de la mora subsistirá, y de aquí a veinte años seguiremos debatiendo el mismo tema.

Resulta insólito, por eso, que siendo tan airado y recurrente el reclamo sobre la lentitud de la administración de justicia, que siendo tan ácidas las admoniciones y críticas que dirige el dignísimo Presidente a jueces y fiscales en razón de la mora procesal, la asignación de recursos al Órgano Judicial no llegue ni siquiera al 0.5 por ciento del presupuesto general del Estado. Que por ejemplo, una sola cartera del Órgano Ejecutivo, como el Ministerio de la Presidencia, triplique su presupuesto en relación al presupuesto de todo el Órgano Judicial; que existan alrededor de mil jueces para una población de casi 11 millones de habitantes, y que se exija todavía celeridad en la tramitación de causas. Es ridículo y pueril, entonces, sostener que la mora procesal, crónica y estructural, de la que adolece nuestro sistema judicial, es atribuible a algunos jueces o fiscales holgazanes, “expertos para suspender audiencias”.