Quien haya asistido a un juicio en calidad de fiscal, abogado, juez, acusado o espectador se habrá dado cuenta de que los jueces programan más de una audiencia a la misma hora con el argumento de que alguna se suspenderá hasta nueva fecha debido a que basta que falte alguno de los personajes de un juicio para que se suspenda el avance del mismo. Al final del día, buena parte de los acusados se fue a la cárcel o a su casa sin ninguna novedad en el frente.

Si a ese hecho le sumamos el resto de las llamadas “chicanas”, es decir incidentes interpuestos por una u otra parte, el resultado son juicios que pudiendo terminar rápido, se eternizan. Esto sucede a pesar de que al aprobar el actual Código de Procedimiento Penal, las autoridades de entonces del Ministerio de Justicia aseguraron que con la implementación de los juicios orales se terminaría la retardación de justicia en el país y se le cortaría las alas a la corrupción. No sucedió ni lo uno ni lo otro.

El actual Gobierno informó en la semana que termina que envió a la Asamblea Legislativa tres proyectos de ley para intentar frenar la retardación de justicia y la corrupción, cayendo con mano dura sobre abogados, fiscales y jueces de un juicio si empiezan con sus “chicanas” para dilatar el mismo. El encargado de hacer el anuncio oficial fue el presidente Evo Morales.

El primer proyecto es de conciliación ciudadana y municipal; el segundo de modificación de la ley de ejercicio de la abogacía y el tercero para ajustes en el Código de Procedimiento Penal a través del nuevo Código del Sistema Penal, un proyecto que reúne en una sola norma los códigos Penal y de Procedimiento Penal.

Las medidas más importantes de dichos proyectos de ley son la destitución y procesos contra los fiscales y jueces que suspendan audiencias. En el caso de los abogados, si estos no asisten a las citas judiciales, serán sustituidos por defensores públicos y sancionados luego con suspensión de su matrícula profesional, además de multas.

Lamentablemente, si bien el Gobierno hizo tal anuncio, no dio a conocer inmediatamente el contenido de dichos proyectos, dando lugar a que todo el mundo se enfrasque en una polémica sobre los mismos sin conocer el contenido de lo que se buscaría aprobar.

Como lo hicieron notar los defensores de los derechos humanos, lo anunciado se constituiría en un retroceso y no atacaría el problema de fondo en la justicia que tiene que ver más con la prevención de los delitos y la educación de la sociedad en valores que la lleven a no delinquir.

Sin embargo, también es cierto que todo el tiempo alegamos este tipo de argumentos sin que como Estado ni sociedad se haga mucho con respecto a la prevención; aunque bien podía el Gobierno haber anunciado no solo los “castigos”, sino las transformaciones en relación a recursos humanos, infraestructura judicial y carcelaria, y ajustes en la educación en el país. Pero, no lo hizo junto al primer anuncio.

Frente a la poca información dada hasta el momento, solo se animaría uno a decir que entre los efectos positivos de tales medidas podría estar la posibilidad de despoblar las cárceles por cuanto actualmente alrededor del 69 por ciento de los presos no cuenta con sentencia y, por ello, hay hacinamiento en los penales. El anterior defensor del Pueblo, Rolando Villena, decía sobre los presos que son “víctimas de un sistema injusto, discriminatorio y que penaliza la pobreza y no promueve la reinserción. La detención preventiva, que debiera constituirse en una excepción, se ha convertido en un mecanismo de uso tan frecuente como injusto que está generando las mayores distorsiones en el sistema penal…”.

En todo caso, habrá que leer con calma los tres proyectos de ley para ver con mayor precisión su contenido y los alcances del mismo con la ayuda de especialistas en la materia.