La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) fue procesada ayer por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en una causa sobre irregularidades en la concesión de obras públicas en su mandato, lo que supone su primer proceso en una investigación por corrupción.

El magistrado federal Julián Ercolini, en línea con lo expresado por la Fiscalía, consideró que "se encuentra acreditado" que la exmandataria, entre otros miembros de su equipo y el empresario constructor Lázaro Báez, integraron una asociación "destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz".

Ercolini, que dictó además contra Fernández un embargo de 10.000 millones de pesos (unos 664 millones de dólares), ordenó también el procesamiento de, entre otros, Báez, del exministro de Planificación Federal entre 2003 y 2015 Julio De Vido y del exsecretario de Obras Públicas en el mismo periodo José López, quien está en prisión preventiva desde que en junio fue sorprendido "in fraganti" cuando trataba de esconder casi 9 millones de dólares en un convento.

El expediente, abierto tras una denuncia formulada en 2008 por, entre otros la diputada oficialista Elisa Carrió -entonces opositora-, estudia un supuesto esquema de "beneficios exclusivos" a favor del grupo Austral, propiedad de Báez -cercano al fallecido expresidente Néstor Kirchner y ahora detenido por otra causa por presunto lavado de dinero-, en detrimento de las arcas del Estado.

"Se empieza a hacer Justicia", expresó Carrió a través de la cuenta oficial de Twitter de Coalición Cívica, su agrupación política.

Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, fiscales del caso, ya habían apuntado contra los imputados por presuntos delitos de "administración infiel" y de negociaciones incompatibles con la función pública, al ver indicios de que existió un supuesto plan para realizar millonarias obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz (cuna del kirchnerismo) que beneficiaron a Báez.

Aunque la exjefa de Estado ya suma otro procesamiento por presuntas irregularidades en la venta de futuros de dólar por parte del Banco Central durante su gestión, es la primera vez que es procesada por una causa propiamente relacionada con delitos considerados de corrupción.

"Estamos con mucha tranquilidad, porque era algo esperable. Es una causa del año 2008", señaló Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la expresidenta Fernández.