Al menos seis de los nueve departamentos de Bolivia sufrieron los efectos de la sequía este 2016 y, como no había sucedido antes, las ciudades tuvieron que soportar el corte del servicio hasta niveles insostenibles.

La situación obligó al presidente Evo Morales a salir de su zona de confort y a enfrentar la situación con un plan de emergencia para La Paz y con el anuncio de proyectos para diferentes ciudades del país.

Sucre y Cochabamba reportaron a lo largo de la segunda mitad del año, serios problemas de desabastecimiento y sus barrios altos o alejados recibían el servicio a través de cisternas del sistema público o privado.

En el caso de Sucre el desabastecimiento se produjo por la disminución del caudal de agua del río Ravelo. El problema, sin embargo, data de hace dos décadas y, pese al paso de sucesivas autoridades por la Alcaldía y la Gobernación, el conflicto estructural de falta de agua no se ha resuelto.

En el caso de Cochabamba, el racionamiento ya lleva nueve meses y, en ese contexto, la Alcaldía inició la distribución de agua por cisterna a un precio de Bs 3 por turril frente a los Bs 7 que cobran los privados.

Hasta ahí el problema era crítico, sin embargo, cuando la escasez de agua golpeó a La Paz, desde el 8 de noviembre, se desató, además, una crisis política en torno al Gobierno.

Morales había sido el promotor para que el año 2010, Naciones Unidas declarara al agua como derecho humano; por eso, la noticia de que en su país faltaba precisamente ese servicio básico, incluso, en las ciudades más importantes del país, no era un dato menor. Así, el hecho adquirió interés internacional.

Según el cronograma de distribución, un total de 94 barrios de La Paz terminaron recibiendo agua por red solo tres horas cada tres días, aunque hubo barrios en los que no llegó agua por cañería por semanas y que solo se abastecieron de cisterna, de tanques fijos instalados en las zonas afectadas y de vertientes naturales.

Al calor de la crisis, Morales destituyó al gerente de la Empresa Pública y Social del Agua y Saneamiento (EPSAS) y al director ejecutivo de la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento (AAPS), Benecio Quispe.

El Mandatario pidió disculpas a La Paz por la crisis y argumentó que él no sabía que el agua se estaba acabando. De inmediato creó un gabinete del agua, nombró como jefe del mismo al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien militarizó la entrega de agua por cisterna y tanque a la ciudad.

La gente no dudó en salir a la calle para protestar. Como no sucedía antes, se registraron marchas en la residencial zona sur de La Paz, la más afectada por los cortes de agua.

Al mismo tiempo, pobladores de Sacaba, en Cochabamba, bloquearon una carretera para que comunarios abrieran las compuertas de una laguna. La Policía gasificó a los manifestantes para reestablecer el tráfico.

Entre tanto, en Sucre y Potosí había gente que salía en procesiones y rogativas para pedirle agua a Dios y a los santos.

A estas alturas, a mediados de noviembre, se tenía conocimiento de que al menos seis ciudades de Bolivia sufrían por la escasez de agua: La Paz, Cochabamba, Sucre, Potosí, Oruro y Tarija.

En medio de la crisis, surgieron problemas en La Paz porque el agua enviada por cañería llegaba turbia, luego con exceso de cloro o, finalmente, no llegaba.