Cacería de nuevas brujas
13 de diciembre de 2016 (20:01 h.)
Durante la Edad Media, entre 50 y 80 mil mujeres fueron condenadas a la hoguera, muchas de ellas, curanderas o parteras, acusadas de brujería por manejar, con conocimientos sobre medicina, el control de los embarazos o interrumpirlos. El manejo de ese saber atentaba contra quienes ostentaban el poder político, religioso, económico y científico en la época y, particularmente, el orden patriarcal.
Hoy, en pleno siglo XXI, se ha iniciado una nueva cacería de brujas. En El Salvador, 17 mujeres fueron apresadas por haber tenido abortos, varios de ellos espontáneos. En varios estados de México se detuvo a más de un centenar de mujeres por practicarse abortos, en el momento en que se debatía la despenalización de esta práctica en Ciudad de México.
Hace unos días, en La Paz, los medios de comunicación informaron sobre el caso de una mujer que habría llegado a un centro de salud pública con un aborto incompleto. El médico que la atendía en emergencias denunció a la mujer ante la Policía, asumiendo que el aborto fue provocado, en clara violación de la confidencialidad que debería existir entre médico y paciente. Sorprendentemente, Fiscalía y Policía intervinieron de inmediato. En estos casos, a diferencia de otros (como los de violencia y feminicidio), la Policía acudió ágilmente y, en tiempo récord, procedió con la aprehensión de la mujer, sin asegurarse de su estado de salud y trasladándola a celdas judiciales, siendo tratada como la peor de las delincuentes. La Policía hizo pública su identidad y dio a conocer su nombre completo a través de los medios de comunicación, atentando contra el derecho a la dignidad y la presunción de inocencia, que en otros casos se cuida y protege.
Las decisiones de las mujeres sobre su cuerpo desafían los mandatos patriarcales. Por eso, sus instituciones reaccionan con saña y crueldad, juzgando y condenándolas a una nueva hoguera, la pública. La criminalización del aborto, está probado, no disminuye su práctica; produce clandestinidad e inseguridad y condena a las mujeres a exponer su vida.
El debate sobre la despenalización del aborto continúa siendo una deuda pendiente en nuestro país, que deberá enfrentarse en la discusión del proyecto del nuevo Código del Sistema Penal, presentado esta semana por la Cámara de Diputados.
Hoy, en pleno siglo XXI, se ha iniciado una nueva cacería de brujas. En El Salvador, 17 mujeres fueron apresadas por haber tenido abortos, varios de ellos espontáneos. En varios estados de México se detuvo a más de un centenar de mujeres por practicarse abortos, en el momento en que se debatía la despenalización de esta práctica en Ciudad de México.
Hace unos días, en La Paz, los medios de comunicación informaron sobre el caso de una mujer que habría llegado a un centro de salud pública con un aborto incompleto. El médico que la atendía en emergencias denunció a la mujer ante la Policía, asumiendo que el aborto fue provocado, en clara violación de la confidencialidad que debería existir entre médico y paciente. Sorprendentemente, Fiscalía y Policía intervinieron de inmediato. En estos casos, a diferencia de otros (como los de violencia y feminicidio), la Policía acudió ágilmente y, en tiempo récord, procedió con la aprehensión de la mujer, sin asegurarse de su estado de salud y trasladándola a celdas judiciales, siendo tratada como la peor de las delincuentes. La Policía hizo pública su identidad y dio a conocer su nombre completo a través de los medios de comunicación, atentando contra el derecho a la dignidad y la presunción de inocencia, que en otros casos se cuida y protege.
Las decisiones de las mujeres sobre su cuerpo desafían los mandatos patriarcales. Por eso, sus instituciones reaccionan con saña y crueldad, juzgando y condenándolas a una nueva hoguera, la pública. La criminalización del aborto, está probado, no disminuye su práctica; produce clandestinidad e inseguridad y condena a las mujeres a exponer su vida.
El debate sobre la despenalización del aborto continúa siendo una deuda pendiente en nuestro país, que deberá enfrentarse en la discusión del proyecto del nuevo Código del Sistema Penal, presentado esta semana por la Cámara de Diputados.