La destitución de la expresidenta Dilma Rousseff no puso paños fríos a la acalorada crisis política en Brasil. Todo lo contrario. El Gobierno del derechista Michel Temer se asemeja a un barco golpeado por escándalos, acusaciones de corrupción y tensiones entre los poderes Legislativo y Judicial. La honestidad parece estar a la deriva.

Así, será difícil hallar soluciones consensuadas para sacar a ese país de la tormenta en la que lo metieron sus propios políticos que, además, aparentemente se olvidaron de los intereses de la población y se muestran decididos a no perder ni una pizca de su poder.

Temer tomó las riendas de Brasil después de que su exaliada, la izquierdista Dilma Rousseff, fuera suspendida en mayo pasado, y luego destituida, a finales de agosto, acusada de utilizar fondos públicos para esconder huecos en programas sociales y contratar préstamos de la banca privada a favor del Gobierno, sin autorización congresal. El juicio político fue impulsado por personajes que no tienen precisamente buenos antecedentes.

La alianza Roussef-Temer había sobrevivido desde 2014, hasta que se desató una crisis provocada por la recesión económica y por el rumbo de las pesquisas de corrupción en la empresa Petrobras que involucran a gente poderosa.

El equipo de colaboradores de Temer, que hasta octubre tenía una aprobación del 14 por ciento, sufrió una serie de tropiezos. Las renuncias empezaron a llegar la última semana de mayo, 10 días después del inicio de su gestión.

El primero en irse fue el economista Romero Jucá, quien estaba al mando del Ministerio de Planificación, acusado de haber sugerido entorpecer la investigación en la estatal Petrobras. Días después, Fabiano Silveira dejaba el Ministerio de Transparencia por haber intentado desviar las pesquisas del pago de sobornos antes de ser nombrado por Temer.

Después cayeron otros colaboradores de alto nivel. Uno de los últimos fue el ministro de Gobierno, Geddel Vieira Lima, en noviembre. El exministro de Cultura Marcelo Calero lo había acusado de haber ejercido presiones para la construcción de un edificio de 30 pisos, en una zona protegida y declarada patrimonio histórico en la ciudad de Salvador de Bahía.

Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), se quedó así sin una de las piezas claves en las negociaciones con el Legislativo para impulsar una serie de reformas, entre ellas la reducción del gasto público por 20 años. Las organizaciones sociales temen que esas medidas afecten a los servicios de salud y educación.

La crisis política escribió otro capítulo por la polémica que se armó debido a que un miembro del Tribunal Supremo de Justicia dispuso una medida cautelar para suspender de su cargo al presidente del Senado, Renán Calheiros, porque un procesado no puede estar en la línea de sucesión presidencial.

Después de una declaratoria en rebeldía de parte de los senadores, la Corte resolvió dejar sin efecto la medida cautelar, pero lo mantiene fuera de esa línea de sucesión.

Calheiros, correligionario de Temer, está acusado de haber cometido irregularidades para pagar la pensión de una hija que tuvo fuera del matrimonio. Esta es una de las 12 investigaciones que se realizan contra el senador, la mayoría relacionada con corrupción.

Este senador es, además, señalado como el impulsor de cambios a un proyecto de normas de lucha contra la corrupción. Dichas modificaciones incorporan sanciones a jueces y fiscales que filtren a la prensa información sobre los procesos que se ventilan en la justicia.

Es un alivio para Temer, pues así tendrá más opciones para la aprobación de su paquete de ajustes en el Legislativo, en los próximos días.

Así, con la cabeza caliente, ¿los políticos tendrán tiempo para pensar en el bienestar de la gente que ha votado por ellos?