Hoy, tú, yo, nosotros tenemos una cita. Marcharemos al caer la tarde vestidos de negro para decir: “¡Basta a los feminicidios! #NiUnaMenos”. Será una gran marcha como fueron las realizadas en otros países como Argentina después de la muerte de la adolescente Lucía Pérez. En Bolivia se busca parar los feminicidios y para tal efecto existe una serie de demandas a los órganos del Estado, a las universidades y a los medios de información. Además, las personas que la lideran buscan lograr un gran pacto plurinacional para parar la violencia contra las mujeres por razón de género que involucre, en sus diversas funciones y responsabilidades, a todas las instancias públicas y privadas.

Al Órgano Judicial le piden: cumplir el plan de creación de juzgados especializados en temas vinculados a la violencia y contar con equipos multidisciplinarios bien equipados. Le exigen al Consejo de la Magistratura la instalación de un registro de casos que ingresen en el sistema de justicia, que sea único, público y fácilmente accesible para toda la población boliviana. Solicitan revertir y anular la retardación de justicia; evitar la revictimización ocasionada por la retardación de justicia; masificar la formación especializada de todas las servidoras y servidores públicos; penalizar con agravante la violencia contra las mujeres cuando esta provenga de servidores públicos del Órgano Judicial; penalizar la no recepción de denuncias y la responsabilidad penal de servidores y servidoras públicas por grado de complicidad si esta se demostrase y someter a riguroso control y evaluación permanente a servidores y servidoras públicas de dicho órgano para dar seguimiento al óptimo desempeño de sus funciones y responsabilidades.

Al Órgano Ejecutivo le exigen dar cumplimiento a los decretos 2145 (2014) y 2610 (2015) y sancionar el incumplimiento de los mismos por parte de municipalidades y gobernaciones. También le piden mejorar la dotación presupuestaria del TGN y de recursos humanos especializados, entre otros; avanzar rápido en la instalación del Registro Único de Violencia por Razón de Género previsto por el Sippase para cumplir con las recomendaciones internacionales en la materia; preparar y apoyar programas de empleo y bolsa de trabajo, programas de formación, capacitación y actualización profesional de mujeres en situación de violencia; aplicar los principios de la despatriarcalización en todos los niveles educativos en Bolivia; diseñar una campaña masiva de prevención de la violencia contra las mujeres y para la masiva difusión de la Ley 348 y de los servicios públicos del Estado Plurinacional de Bolivia para la atención de las sobrevivientes de violencia por razón de género; masificar la formación especializada de todas las servidoras y servidores públicos que ejercen sus funciones en instituciones estatales. Y quieren que se reduzca la movilidad de fiscales de las áreas rurales.

Y al Órgano Legislativo le piden establecer un sistema de control y seguimiento permanente para el óptimo cumplimiento de la Ley 348 y de sus decretos reglamentarios (2145 y 2610). También le solicitan crear una comisión para que se trate el incremento de la violencia feminicida en el país y los medios para frenar la misma mediante el concurso de todos los órganos del Estado, las universidades, los medios de información y la sociedad en su conjunto.

A los medios de información les solicitan un tratamiento adecuado de los casos de violencia hacia las mujeres por razón de género, así como la anulación del uso de estereotipos patriarcales en las informaciones.

Como se verá, aún hay mucho que hacer en el largo camino de la lucha contra la violencia hacia la mujer.