“Estamos desesperados. El precio del turril (200 litros) de agua sube cada día. En enero, febrero solo costaba siete bolivianos. Ahora tenemos que pagar hasta 13 bolivianos”, dijo una vecina de la zona de Quintanilla (este de la ciudad).

La situación es aún peor para las familias que viven en los barrios alejados del Distrito 8 (zona sur), donde los cisterneros no solo les cobran hasta 20 bolivianos por 200 litros, sino que tienen que “rogarles” para que lleven el líquido, aunque sea una vez a la semana. El problema es que nadie controla la venta de agua en la ciudad.

El representante de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) en Cochabamba, Juan José Iriarte, reconoció que es su función regular y controlar la venta de agua, pero no cumple con esa responsabilidad porque “tiene poco personal”.

En esa repartición, que funciona en Cochabamba desde hace más de cuatro años, trabajan cuatro personas. Tres son consultores externos y el único de planta es Iriarte.

El dirigente de la Coordinadora del Agua René Quispe cuestionó el trabajo de la Autoridad del Agua, porque no cumple con su función de fiscalización.

Anunció que el sábado habrá un encuentro nacional con dirigentes vecinales, para analizar la sequía en el país y sus consecuencias.

El director ejecutivo de la Autoridad del Agua, Víctor Hugo Rico, dijo a OPINIÓN que “es nuevo en el cargo” y que, por ahora, su trabajo está “focalizado en buscar soluciones a la falta de agua en La Paz”.

Añadió que pidió informes a la regional de Cochabamba para tener datos sobre la venta de agua.

ALTERNATIVAS La compra de agua de cisternas y los bidones de 20 litros que comercializan varias empresas en la ciudad, son alternativas que tienen los qhochalas, que no son usuarios del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa), para proveerse del líquido.

Mientras el precio de cada botella de agua de 20 litros oscila entre 10 y 15 bolivianos y se mantiene pese a la alta demanda, el costo del turril se incrementa con frecuencia y, ante la necesidad, los vecinos se ven obligados a pagar sin reclamar.

En enero, febrero y marzo, los vecinos de un barrio de Villa Galindo pagaban siete bolivianos por 200 litros. Con el paso de las semanas y el incremento de la demanda, el agua fue subiendo y, ahora, cancelan 10 bolivianos por la misma cantidad.

DEFENSA DEL CONSUMIDOR Representantes del Viceministerio de Defensa del Consumidor manifestaron que no está dentro de sus funciones ver el tema de la especulación en el precio del agua.

Un funcionario señaló que los servicios tienen un ente regulador que se encarga de proteger los derechos de los ciudadanos para que no sean víctimas de especulación. “Nosotros hacemos otro tipo de trabajo. Por ejemplo, defendemos a los ciudadanos que son engañados por los curanderos”.

En la Llajta, solo 71 mil familias tienen servicio de agua potable de Semapa. Desde abril soportan un estricto racionamiento debido a la sequía. La empresa municipal les da agua cuatro horas una vez a la semana.

El resto de los cochabambinos tiene líquido de 35 comités y cooperativas que están ubicadas, principalmente en las zonas norte y sur de la ciudad.

Ahí, la tarifa básica es de 15 bolivianos cada mes. Mil litros (un cubo) tiene un precio de un boliviano, desde hace 10 años.

UN GRAN NEGOCIO El coordinador del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Óscar Campanini, señaló que en los barrios ubicados camino al Valle Alto, que pertenecen al municipio de Cercado, los carros cisterna venden el turril de agua en 20 bolivianos. En los primeros meses del año, el costo oscilaba entre siete y 10 bolivianos.

Indicó que no solo las familias de las zonas periurbanas son “víctimas de los cisterneros”, sino también las del Casco Viejo.

“Hoy (ayer) ví que un cisterna dejaba agua en una entidad financiera de la calle Calama. Ahí pagaron 200 bolivianos”.

En la investigación que realiza un equipo de profesionales del CEDIB descubrieron que los vendedores de agua sistemáticamente fueron incrementando el precio. En el primer trimestre, el tanque de 13 a 15 mil litros costaba entre 100 y 120 bolivianos, ahora llega hasta 400 bolivianos, dependiendo de la zona y la dificultad para llegar al lugar.

El 2 de septiembre, este matutino dio a conocer que los 260 cisterneros que venden agua en la Llajta ganan un promedio de 145 mil bolivianos al día.

Un cisternero informó que cada carro realiza entre tres a cuatro viajes cada 24 horas, dependiendo de la zona del pedido. Por cada uno ganan 180 bolivianos.

Compran el agua de las fuentes a 40 bolivianos por cisterna, precio que se mantiene desde hace cuatro años, dijo el dirigente de los dueños de fuentes de agua José Herbas Fuentes.

Tomando en cuenta esos datos, un aguatero recibe 540 bolivianos al día por cada vehículo.

Las denuncias

Los ciudadanos pueden realizar las denuncias en la AAPS, situada en la avenida Santa Cruz entre Portales y Buenos Aires o al teléfono 4660320.

220

Carros cisterna

El sector tiene 220 cisternas con una capacidad de entre 10 mil a 15 mil litros cada uno para atender los pedidos de todos los cochabambinos. Tienen otros 40 vehículos destinados solo para proveer de líquido a los lavaderos de autos.

Datos

La AAPS

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), cuya creación está respaldada por el Decreto Supremo Nro. 071 del 9 de abril de 2009, señala que es la entidad encargada de fiscalizar, controlar, supervisar y regular las actividades de agua potable y saneamiento básico.

En Cochabamba

La oficina regional de la Autoridad del Agua fue abierta hace unos cuatro años.

Trabaja un equipo reducido de cuatro personas, tres consultores externos y uno de planta, que es el encargado regional de esa repartición.

Competencias

Entre las competencias de la Autoridad del Agua están:

* Otorgar, renovar, modificar, revocar o declarar caducidad de derechos de uso y aprovechamiento sobre fuentes de agua para consumo humano.

* Otorgar, renovar, modificar, revocar o declarar caducidad de derechos de prestación de servicios de agua potable y saneamiento básico.

* Asegurar el cumplimiento del derecho fundamentalísimo de acceso al agua y priorizar su uso para el consumo humano, seguridad alimentaria y conservación del medio ambiente.

* Precautelar, en el marco de la CPE y en coordinación con la Autoridad Ambiental y el Servicio Nacional de Riego, que los titulares de derechos de uso y aprovechamiento de fuentes de agua actúen dentro de las políticas de conservación, protección, preservación, restauración, uso sustentable y gestión integral de las aguas fósiles, glaciares, subterráneas, minerales, medicinales; evitando acciones en las nacientes y zonas intermedias de los ríos, que ocasionen daños a los ecosistemas y disminuyan los caudales para consumo humano.

* Imponer las servidumbres administrativas necesarias para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico.

* Regular a los prestadores del servicio en lo referente a planes de operación, mantenimiento, expansión, fortalecimiento del servicio, precios, tarifas y cuotas.

* Recomendar las tasas que deben cobrar los gobiernos municipales por los servicios de agua potable o saneamiento básico, cuando éstos sean prestados en forma directa por la Municipalidad.

* Atender, resolver, intervenir o mediar en controversias y conflictos que afecten al uso de recursos hídricos para consumo humano y servicios de agua potable y saneamiento básico.

* Proteger los derechos de usuarios de los servicios de agua potable y saneamiento básico.