Si usted pregunta hoy a su vecino si está de acuerdo con el derroche de agua, se espantará por la pregunta y rápidamente le dirá que no. Minutos más tarde lo verá lavando su auto con agua potable y luego limpiando la acera con una manguera. Decimos una cosa y hacemos otra.

Salga usted a hacer un sondeo. La mayoría de las personas le dirá que es necesario cuidar el agua y empezará a echar la culpa a todo el mundo por la dramática situación de la falta del líquido elemento por la que ahora no solo pasamos cochabambinos, sino personas que viven en otros departamentos de Bolivia. Dirán, porque ya lo oyeron, que es culpa del cambio climático. También acusarán a los ineptos del Gobierno, a las operadoras de servicio de agua potable y luego pondrán sus ojos en el irresponsable vecino. Quién dirá: “¿También yo tuve y tengo la culpa?”. Todos coincidimos en que el líquido elemento es valioso, pero hay personas que no piensan en preservar este tesoro. Dicen una cosa, pero hacen otra.

Esto, por supuesto, no le quita ni una gota de responsabilidad a las empresas proveedoras de este servicio, porque no tomaron las previsiones: las represas no se vaciaron de un día para otro.

En el ámbito de la educación, profesores y otros profesionales que se capacitan en prácticas de inclusión no siempre tienen conductas inclusivas y más bien asumen actitudes contrarias a lo que ellos mismos pregonan. Reconocen el valor de la inclusión, pero esto se queda en la teoría, porque después de concluidos los cursos, seminarios o talleres en los que participaron, su comportamiento sigue siendo el mismo: continúan con sus actitudes excluyentes como siempre. Es más, algunos de los educadores no cambian de actitud ni con sus propios compañeros de estudio a la hora de capacitarse más en la docencia, porque, por ejemplo, suelen formar grupos de trabajo con quienes ya son sus amigos/as y les cuesta compartir con gente a la que no conocen o no conocían.

En el desempeño de los servidores públicos también se presentan situaciones que nos hacen dudar de la vocación de servicio. Se supone que autoridades ejecutivas municipales y concejales van a bordo del mismo barco para sacar a flote a una ciudad. En época de campaña, llueven las promesas de trabajo a favor de los vecinos. En el momento de su posesión, vienen los abrazos y las congratulaciones de ida y vuelta, acompañados de compromisos de trabajo coordinado.

Ese ambiente de fiesta dura poco, hasta que llega la hora de hacer gestión. Los vencedores imponen sus reglas sin buscar consensos, cierran sus oídos a las propuestas de los vencidos que, como no son escuchados, se dan modos para entorpecer la tarea de los otros y se atrincheran en posiciones radicales. Al final, ese anuncio de trabajo coordinado en beneficio del pueblo se va por el caño. Los políticos dicen una cosa, pero hacen otra.

¿Y qué hay con el servicio de transporte público? Es frecuente que los dirigentes se comprometan a mejorar el trato al pasajero y las condiciones de sus vehículos, pero la situación va de mal el peor.

La suerte de la laguna Alalay depende también de la voluntad de las instituciones que, en este tiempo de sequía y contaminación, se limitaron a echarse la culpa entre sí, y recién la semana pasada hubo un acuerdo para realizar un trabajo conjunto. Por fin, es una prueba de fuego para trabajar en beneficio de la ciudad. A ver si no hacen otra cosa.

Este abismo entre lo que decimos y lo que hacemos es cada vez más perjudicial y en cualquier momento pondrá nuestra propia vida en riesgo como ocurre ahora con la falta de agua potable para consumo humano, derecho esencial que nos es negado en parte por la ineficiencia de quienes son llamados a garantizar la dotación del líquido esencial para la vida humana. Esto es, por donde se mire, una muestra de que no podemos seguir diciendo una cosa y haciendo otra.˚