Ante la disminución de los recursos económicos departamentales, una de las propuestas para que la Gobernación de Cochabamba se beneficie con ingresos propios es el cobro por el trámite de fichas, manifiestos y licencias ambientales.

Las autoridades departamentales tienen el proyecto en avance y prevén que pueda implementarse en 2017.

En la actualidad, los trámites ambientales se realizan sin costo alguno, salvo las multas de quienes iniciaron actividades, obras y proyectos sin contar con una ficha ambiental.

El gobernador Iván Canelas mencionó, meses atrás, que la Gobernación no puede solo recibir recursos, sino que también tiene que generarlos. Resaltó que para la emisión de estos documentos se invierte dinero en los trámites y personal que realiza el trabajo de campo.

Aunque se desconoce los montos oficiales de los cobros, porque el proyecto de ley departamental todavía no fue tratado en la Asamblea Legislativa, la Secretaría de Derechos de la Madre Tierra informó que el monto mínimo sería de unos 50 bolivianos.

De aprobarse la propuesta, debieran pagar estos montos los propietarios de proyectos de granjas, gasolineras, urbanizaciones, industrias embotelladoras y otras, que tienen categoría conforme al impacto ambiental que representan.

Las instituciones públicas, como las alcaldías, también tramitan licencias para construir represas, sistemas de riego, alcantarillados y demás trabajos que pretenden emprender.

La Gobernación de Cochabamba sufre el recorte presupuestario por la baja en el costo del petróleo. Una de las principales fuentes de ingresos es la de las regalías. En 2015, el presupuesto institucional fue de 1.366 millones de bolivianos, pero por la baja del barril sufrió una disminución de 108 millones de bolivianos. Para 2017, el techo presupuestario inicial es de 972 millones.