Bien lo señaló un reportaje publicado este domingo en OPINIÓN, los celulares son el “dulce” de los delincuentes. Buena parte de la población cuenta ahora con un smartphone, cuyo precio oscila entre los 100 y más de mil dólares, y suele usar este artefacto en vehículos y calles. Alto costo, facilidad para el robo y la posterior comercialización ilegal del aparato hacen que el delito se haya vuelto muy común.

De hecho, en el primer semestre de 2016 fueron reportados como robados 97.686 celulares en todo el país. El año pasado, en ese mismo período, los móviles reportados como robados eran 67.822, según la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT). Hay un aumento del 44 por ciento. Sin embargo, estos números no reflejan la realidad. Se estima que solo tres de cada 10 víctimas presentan denuncia ante la Policía. Las personas, según los mismos policías, consideran una pérdida de tiempo ir a denunciar, pagar 10 bolivianos por el formulario, esperar por la asignación de un investigador, tramitar un requerimiento fiscal para obtener un extracto de llamadas que demora en las empresas telefónicas. Solo denuncian cuando fueron heridas durante el asalto.

Y esto último es lo que más preocupa. El reportaje de este diario recogió testimonios de víctimas. Estas denunciaron que los ladrones les sorprendieron con tretas distractivas en el transporte público o en las calles; asimismo cuando viajaban en algún vehículo con las ventanillas abiertas. En algunos casos, sin embargo, los ciudadanos detallaron violentas agresiones que sufrieron a manos de los delincuentes. Tener un celular, entonces, puede costarle la vida a su propietario.

Los criminales además se salen luego con la suya muy fácilmente. Las acciones para impedir la venta de los artefactos se incumplen o han quedado obsoletas. Un investigador de la División de Delitos contra la Propiedad de la FELCC indicó que una gigantesca industria formal e informal se mueve alrededor de este negocio. “Hay tiendas autorizadas, pero también hay cientos de puestos de venta de celulares, de carcazas, de vidrios templados, protectores y de tarjetas de memoria”. En los puestos informales del mercado San Antonio, del Barrio Chino, e incluso en los talleres de reparación y dealers de la avenida Ayacucho, se comercializan artefactos usados, varios de ellos de dudosa procedencia.

Desde hace siete años, un decreto obliga a todos los usuarios a registrar en las telefónicas el código IMEI de sus celulares (algo así como el número de identidad del aparato). El objetivo era crear una “lista negra” de artefactos robados que no podrían ser reconectados en el país. Tal medida, sin embargo, ya no es efectiva, pues han surgido decenas de “expertos” que ofrecen alterar o borrar el IMEI de cualquier teléfono, hasta por 20 bolivianos. Pese a que esta actividad es ilegal, es ofertada públicamente en las redes sociales, en letreros de talleres de reparación, de dealers y puestos de venta informales.

En bien del resguardo de la seguridad ciudadana, urge que el Gobierno y la Policía, apoyados en técnicos especializados, ideen nuevas acciones que protejan a la población y hagan que robar un celular ya no sea tan fácil ni tan rentable. Se conoce que este delito tiene además mucho que ver con pandillas que logran así recursos para perpetrar otras fechorías mayores. A estas alturas del desarrollo tecnológico, es más que necesaria la creación de una unidad especializada que persiga el robo de celulares en todos sus niveles.

Para el mejor cumplimiento de sus funciones específicas, debiera ser la propia ATT la que tome la iniciativa de llamar a una cumbre a operadoras, reconocidos especialistas, abogados del Ministerio de Gobierno y peritos policiales que propongan planes, acciones y campañas para la erradicación de este delito.