En dos décadas, las ciudades latinas crecieron con “mala urbanización”, según ONU-Hábitat, lo que incrementó la desigualdad urbana y no permitió resolver los problemas de la sostenibilidad ambiental. Por eso, los países miembros de las Naciones Unidas (ONU) adoptaron una Nueva Agenda Urbana, en la que se comprometen —entre otras cosas— a proveer servicios básicos a todos, a asegurar que los ciudadanos tengan acceso a oportunidades y no sufran discriminación, a mejorar el aire que se respira en esos entornos, a fortalecer la resiliencia ante los desastres y a tomar acciones para abordar el cambio climático.

La agenda (aprobada al término de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible Hábitat III, realizada en Ecuador, entre el 17 y 20 de este mes) define parámetros para el desarrollo sostenible de las urbes y ayuda a replantear la planificación, la administración y las acciones para el bienestar de sus ciudadanos.

Este documento concreta una hoja de ruta para construir ciudades más prósperas e inclusivas en los próximos 20 años, lo cual no se logró antes, dice el director ejecutivo de ONU-Hábitat, Joan Clos, porque los países latinoamericanos apuestan por el sector primario de la economía: la agricultura y las industrias extractivas. Latinoamérica es el continente más urbanizado, pero no fue eficaz en apoyar al desarrollo y no tuvo la capacidad de producir riqueza.

El documento final de Hábitat III permitirá, a través del Plan de Implementación de Quito, regresar a los principios fundamentales de la urbanización, la legislación, el diseño y la financiación. Esta vez, gran parte de la responsabilidad recae en los gobiernos locales.

En ese marco, en el X Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales (realizado también en Quito, antes de la conferencia de la ONU), los alcaldes aseguraron que tienen la capacidad de liderar, ejecutar y evaluar la implementación de la Agenda y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Esa capacidad se debe a su “conocimiento territorial y urbano, su experiencia en la evaluación, monitoreo y medición de impacto a nivel territorial y por su interacción comunitaria y organizativa”. Sin embargo, remarcan que sus crecientes competencias y responsabilidades en la gestión pública no van acompañadas “de la transferencia de los recursos necesarios para su financiación por parte del Estado ni de la creación de sinergias entre los distintos niveles de la administración estatal”.

El X Foro afirma que la implementación de la Nueva Agenda Urbana depende más que nunca de su “localización” y de la acción concertada de ciudadanía, instituciones y sectores privados, y solicita a los estados y organismos internacionales un mayor reconocimiento, herramientas jurídicas y capacidades técnicas para generar recursos propios y acceder a financiamiento internacional. Es más, los alcaldes piden tener un “espacio en la mesa de la Conferencia”, reservada solo para los representantes nacionales.

Así las cosas, es de prever que los gobiernos locales del país tendrán dificultades para alcanzar las metas planteadas para las dos siguientes décadas, sobre todo por la falta de recursos financieros.

La Conferencia, que se celebra cada 20 años, contó con la asistencia de más de 36.000 personas de 142 países. El tema responde al Objetivo 11 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y al Acuerdo de París sobre Cambio Climático.