Libertad irrestricta. Ese fue el resultado del recurso constitucional de acción de libertad presentado por la defensa de Silvia Antezana, la mujer que iba ser enviada a una cárcel de varones por un delito que no tiene prisión, de acuerdo a las leyes bolivianas.

El juez Cuarto de Sentencia , José Pompilio Coca, tuvo que acudir a la clínica Belga para llevar adelante la audiencia, pues Antezana continúa internada con un diagnóstico reservado. La autoridad confirmó que la detención preventiva no procede en delitos de acción privada y que su colega, Eduardo Arce León, vulneró la norma, el procedimiento y el debido proceso. Sostuvo que la víctima tiene la atribución de iniciar no solo un proceso civil en busca de la reparación del daño causado, sino también la acción penal conveniente.

El abogado Lurwyn Ledezma recordó que ya presentaron una querella contra Arce por prevaricato y resoluciones contrarias a la ley cuando ordenó la detención domiciliaria de su cliente, pero ahora pedirán a la Fiscalía las fotocopias legalizadas del acta de audiencia del 18 de octubre para analizar si presentarán otro proceso o lo adjuntarán al anterior.

Gustavo Paz Antezana, el hijo de la víctima, dijo que se hizo justicia y agradeció que aún existan jueces probos, refiriéndose a José Pompilio Coca.

Silvia Antezana denunció hace siete años que el dueño del condominio Plaza Real, Óscar Majluf, construyó ese inmueble con más pisos de los que permitía la norma municipal, gracias a que cinco funcionarios aprobaron sus planos irregularmente. Un juez le dio la razón, pero no lo consideró un delito y Majluf la acusó de difamación, calumnias e injurias. Ayer, el dueño del condominio le dijo a la Red ATB que él siempre buscó soluciones y depositó 75 mil dólares en el juzgado para resarcir los daños en la casa de Antezana. El abogado Lurwyn Ledezma aclaró que esa cifra no cubre el daño real causado. “Son dos casas con daño irreversible en su estructura y, según un estudio hecho por especialistas de la UMSS, el daño alcanza al millón de dólares”.

El fallo de libertad irrestricta dictado ayer significa que quedan sin efecto las instrucciones del juez Eduardo Arce León, como la detención preventiva en un penal de varones, el arraigo, la prohibición de hablar con la prensa y la fianza de 200 mil bolivianos. Un comunicado del Tribunal de Justicia de Cochabamba aclara que el caso será investigado por las instancias que corresponden y lamenta que algunos medios de comunicación generalicen a la justicia como corrupta, sin pruebas.