Una ciudadana que denunció a cinco funcionarios municipales, por aprobar irregularmente la construcción de un condominio, fue enviada ayer a la cárcel de San Sebastián, imputada por difamación y calumnias, delitos de acción privada para los que ni siquiera existe la figura de detención preventiva en la ley.

La pesadilla de Silvia Antezana comenzó en 2007, cuando al lado de su casa empezaron a construir un condominio con muchos más pisos de los que permite la norma municipal de construcción en esa zona. Ella denunció a los propietarios del condominio porque la edificación afectó su vivienda.

Durante el proceso de investigación, Silvia Antezana descubrió que cinco funcionarios municipales habrían aprobado los planos de construcción del condominio, pese a que el mismo incumplía las normas. Un tribunal comprobó el daño causado por la construcción del edificio en la casa de Silvia Antezana, pero sostuvo que la aprobación irregular de los planos no es delito y dictó una sentencia absolutoria a favor de los funcionarios.

El propietario del condominio denunció a Silvia Antezana por los delitos de difamación e injurias y el juez que ve este proceso es Eduardo Arce. En el mes de septiembre, la autoridad jurisdiccional sometió a Silvia Antezana a una audiencia en la que le impuso como medidas sustitutivas la detención domiciliaria, arraigo, una fianza de 200 mil bolivianos y la prohibición de hablar con los periodistas y medios de comunicación.

Denunciando que estas medidas atentaban contra las leyes en vigencia y contra su derecho universal a la libre expresión, Antezana aceptó una entrevista de la Red ATB y también presentó una denuncia contra el juez Eduardo Arce, por los delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la ley.

El dueño del condominio solicitó al juez una audiencia para revocar las medidas sustitutivas de Antezana acusándola de haber violado la prohibición de hablar con la prensa y de no tener custodios policiales. Ayer, Silvia Antezana fue sometida a dicha audiencia y el juez Eduardo Arce ordenó su detención preventiva en la cárcel de San Sebastián “varones”. La mujer se desmayó luego de sufrir una crisis.

Su abogado, Lurwyn Ledezma, presentó una acción de libertad y se espera que la audiencia se lleve a cabo hoy. De acuerdo al artículo 232 del Código de Procedimiento Penal, “no procede la detención preventiva en delitos de acción privada”. La difamación y las injurias son delitos contra el honor y, por tanto, son de acción privada. “La detención de mi cliente es ilegal, como también es ilegal prohibirle que hable con la prensa. Eso no está contemplado entre las medidas sustitutivas y los custodios deben ser pagados por el dueño del condominio”, señaló el abogado. Antezana tuvo que ser internada en la Clínica Belga.

Irregular

Entre las medidas sustitutivas no figura la prohibición de hablar con la prensa, pero un juez la instruyó contra una mujer que lo denunció.