Parafraseando a Mario Vargas Llosa, uno podría preguntarse: ¿cuándo se arruinó Bolivia? Tal vez fue cuando en 1825 se fundó una república sin la mayoría de sus habitantes. O tal vez cuando sus vecinos le cercenaron territorio en cruentas guerras. O cuando una y otra vez se decidió la explotación de sus recursos para el beneficio de pocos.

Octubre de 2003 comenzaba y OPINIÓN adelantó en su portada los luctuosos sucesos. “Maestros suspenden clases en apoyo a la huelga de la COB”, titulamos, con los apuntes: “Profesores de Cochabamba imitaron a los de La Paz decretando la huelga indefinida. Además, partió un grupo hacia Warisata para continuar la Guerra del Gas”, “Si no se revisa la Ley de Hidrocarburos y la exportación del gas, Gonzalo Sánchez de Lozada debe renunciar’, fue la consigna de centenares de marchistas”.

Días antes, un ya débil Gobierno de varios partidos (MNR, MIR, NFR) hizo saber que tenía la intención de exportar gas a Chile, sin que antes se discuta una nueva Ley de Hidrocarburos ni el diferendo marítimo. Las protestas surgieron de inmediato, al igual que la respuesta violenta del Ejecutivo. A lo largo de casi tres semanas, la represión dejó 64 muertos y 228 heridos, la mayoría de las víctimas en El Alto.

A mediados de mes, el entonces vicepresidente Carlos Mesa —recuerda en su libro “Presidencia sitiada”— le advirtió al Primer Mandatario: “Los muertos te van a enterrar”. La respuesta fue: “Hay tres cosas que no voy a hacer: renunciar, llamar a referendo y convocar a una Asamblea Constituyente”. Tres cosas que luego conquistó todo un pueblo movilizado.

Desde el inicio del conflicto, OPINIÓN publicó extensos suplementos de análisis e interpretación de los hechos. Así, en la separata de 32 páginas de comienzo de mes “El gas: avance o frustración”, elaborado por Remo Di Natale, el abogado e historiador concluyó: “El pueblo boliviano, y no la oligarquía chilena, tiene que vencer la Guerra del Gas. Así lo exige imperativamente el porvenir del país en el concierto de los pueblos latinoamericanos”. En la misma postura, el columnista Ramón Rocha Monroy manifestó: “Nos hemos acostumbrado a negociar las riquezas naturales con ‘las manos atados y las piernas abiertas’. ¿Cómo es posible que no condicionemos a Chile recuperar nuestra cualidad marítima con soberanía, si los vamos a hacer partícipes del negocio del siglo? Si Gobierno y sociedad actuáramos con dignidad y firmeza, otra sería la actitud de Chile”.

Las voces de los dirigentes sociales adelantaron lo que se venía. En el especial de OPINIÓN del 9 de octubre, el líder campesino Felipe Quispe dijo: “Es la madre de todas las batallas entre los indígenas y el Gobierno de los kharas. Si no hay diálogo, vamos a retirarnos a nuestras comunidades a organizar el Gobierno de los indígenas”. Y el líder cocalero Evo Morales sostuvo: “Los indios vamos a ser poder político. El imperio y Goni no lo aceptan, pero los indios queremos gobernarnos”.

El Gobierno no solo no escuchó las críticas, sino que trató de minimizarlas, censura de prensa mediante. El ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín —acusado de ser uno de los principales autores de la represión—, llamó varias veces al matutino, solicitando que no se de cobertura a la convulsión social, lo que era lo mismo que no prestar atención a las víctimas. Como no podía ser de otro modo, una reunión de nuestros periodistas determinó como línea continuar ser fieles a la verdad, pese a las presiones. La decisión se reflejó no solo en extensas coberturas, sino en titulares de apertura como los siguientes: “Dos muertos y más de 30 heridos en El Alto”, “Crisis y luto”, “Masacre en El Alto”, “Las organizaciones que protestan piden la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada” y “Goni dice que no renunciará pese a trágica convulsión”.

Así se llegó al 16 de octubre, cuando el titular fue “Goni promete referéndum sobre el gas y Constituyente”. Pero ya era tarde, los muertos tenían muy avanzado el entierro de un régimen y un sistema político. Por ello, el 17 de octubre el titular fue insistente: “Enorme multitud pide renuncia de Goni”, y el del 18, casi laudatorio: “Mesa será Gobierno de transición para reformas profundas. Políticos no están invitados al gabinete del Presidente”. El adelanto resumió la situación: “Diversos actos en escenarios distintos, pero al mismo tiempo, en el desenlace del conflicto: en el Congreso, en La Paz, Carlos Mesa juraba como Presidente Constitucional de Bolivia; en Santa Cruz, Gonzalo Sánchez de Lozada partía deprisa en un vuelo comercial hacia Miami, EEUU, y en las plazas, se veían llegar miles de personas que celebraban la renuncia”.

Aunque le faltaba todavía mucho para aprender a caminar, había nacido un nuevo país.