Criticada como una medida con fines electorales y defendida como una acción efectiva de redistribución de la riqueza nacional, en noviembre de 2013 el Gobierno dictó el Decreto Supremo No. 1802 para el pago de un doble aguinaldo a todos los trabajadores asalariados del país, lo que se ha cumplido desde esa gestión.

Con un hondo suspiro de alivio debieron recibir a inicios de esta semana los empresarios y directivos de las patronales la noticia de que este año no se cancelará el beneficio. Para el pago de este a los trabajadores, el Gobierno dispuso desde el inicio que el Producto Interno Bruto (PIB) del país debía crecer en, al menos, 4.5 por ciento. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), nuestra economía creció, entre junio de 2015 y julio de 2016, en 4.43 por ciento (una cifra que —hay que reconocer con honestidad la buena administración— es de las más altas de Latinoamérica).

La suspensión del beneficio fue un bálsamo para muchos propietarios y gerentes, no sin razón, pues, a efectos de la sequía, la crisis económica internacional y los bajos precios de las materias primas, el movimiento económico, si bien estable y en crecimiento, no fue tal como para hacer efectivo el pago. Hacerlo efectivo, como muchos sostuvieron desde hace tres años, hubiera implicado despidos, recortes y cierres.

Habrá que decir, sin embargo, que varios sectores, como el financiero (en el que las ganancias si bien mermaron siguen siendo expectables), sí tenían las posibilidades de cancelar el dinero navideño a sus empleados. De otro lado, la microempresa, principal perjudicada por la baja del consumo interno —base de nuestro modelo económico— ya señaló anteriormente que no estaba en condiciones de erogar el pago.

Por diferencias como las señaladas, por el hecho lógico que indica que no a todos nos va bien, el Gobierno debiera perfeccionar la norma y establecer en ella además la posibilidad y las formas no burocráticas de la suspensión del beneficio en casos específicos de pérdidas en las compañías estatales y privadas.

A más de eso, el que décimas porcentuales de estadísticas no siempre precisas determinen el pago o no del beneficio no parece ser lo correcto. Debiera, en ese sentido, establecerse una escala de pagos menores en caso de que el crecimiento sea menor a lo estipulado. Con tal medida, el Gobierno seguramente podría frenar a la Central Obrera Boliviana (COB) que, en defensa de los trabajadores —como es su razón de ser—, ha adelantado que pedirá una reunión con el presidente Evo Morales para pedir una “solución política” que permita la cancelación. La señalada escala debería privilegiar a quienes menos ganan, pues no tiene el mismo estilo de vida una persona que recibe más de 10 mil bolivianos al mes, que otra que subsiste con los 1.805 bolivianos que constituyen el salario mínimo nacional. Para estos últimos asalariados, el doble aguinaldo —o su falta— tiene un impacto considerable en sus economías familiares.

Por otro lado, el Ejecutivo debiera idear que, cuando se cancele, el doble aguinaldo coadyuve de un modo todavía más efectivo al consumo interno. Por ejemplo, para quienes así lo prefieran, las empresas públicas y privadas podrían alistar ofertas de productos y servicios para cubrir una parte del beneficio. Asimismo, puesto que muchas familias utilizan el dinero navideño para pagar los útiles y pensiones de sus hijos en la gestión que se avecina, no estaría demás pensar en diferir hasta inicios del año siguiente el doble aguinaldo, a manera de garantizar que ese dinero se invierta en lo primordial que es la educación de los menores.

Finalmente, en gestiones como esta, en la que se ha adelantado la suspensión del doble aguinaldo, el Ejecutivo debería emitir normas que estipulen que las entidades públicas utilicen lo previsionado en el año precisamente para inversiones en sectores como el educativo y el salubre, este último tan débil en nuestro país.