No ha pasado ni un mes desde que Michel Temer tomó las riendas del poder en Brasil, a finales de agosto pasado, pero ya ha lanzado un anuncio que le pone alfombras a una nueva ola de privatizaciones y concesiones para entregar a inversionistas el control de una larga lista de empresas públicas a partir de 2017, para sacar supuestamente al país de la recesión económica.

Ya salió a luz la intención de privatizar cuatro aeropuertos, siete empresas de energía y tres de saneamiento ambiental, y la entrega en concesión de tres ferrocarriles, tres carreteras y dos puertos. También se habla de la subasta de tres campos para la explotación petrolera y de cuatro áreas de minería, entre otras cosas.

Con relación a los aeropuertos, su entrega ya había sido prevista por la expresidenta Dilma Rousseff, pero la iniciativa no llegó a puerto por distintas razones, o no hubo interesados en los proyectos o la licitación no fue publicada. Pero en esa ocasión se dejaba en claro que el Estado se quedaría con un porcentaje de entre el 15 y el 49 por ciento de las acciones.

Esta última pretensión de Rousseff, destituida tras un cuestionado juicio político, fue eliminada de plano porque las intenciones de Temer apuntan a que no sería obligatoria la participación estatal en la nueva administración de los aeropuertos, es decir, todo quedará en manos privadas.

El régimen de Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (MPDB), de orientación política centroderechista, tiene sus explicaciones para justificar sus acciones: señala que es una propuesta para sacar al país de la recesión.

Analistas económicos aguardan con expectativa lo que pueda suceder en las próximas semanas. Algunos consideran que el Gobierno tiene una buena oportunidad de lograr la ansiada recuperación económica, pero otros no se muestran tan optimistas. Si los inversionistas muestran interés, esa será una buena señal, dicen los expertos.

En el campo político, Temer y sus colaboradores saben que la mayoría de sus proyectos dependen del visto bueno del Congreso, aunque otros podrán ser aprobados mediante decretos.

Para octubre está prevista una etapa clave para los planes gubernamentales. Habrá elecciones locales en más de 5.500 ciudades; entonces, se prevé que los políticos no aprobarán, antes de los comicios, medidas que los votantes consideren impopulares.

Ante esa eventualidad, el Ejecutivo envío a consideración de los legisladores una propuesta de reforma constitucional con lo que se podrá evitar posibles recortes presupuestarios a las áreas de salud y educación.

Todavía están en mesa varias y delicadas modificaciones que tienen que ver con el aumento de la edad de jubilación y la flexibilización de la jornada de trabajo.

De todas maneras, la administración de Temer no debiera perder de vista que los ajustes económicos no siempre son bien recibidos por todos.

El analista argentino Ernesto Tenenbaum le recomienda al gobernante brasileño mirar los efectos de la experiencia de su homólogo argentino, Mauricio Macri, antes de animarse a poner en marcha proyectos de gran alcance.

A su juicio, Macri cometió el error de pensar que su misión era desmontar el edificio que habían levantado los Kirchner, deshacerse de las cosas que consideraban malas y “correr a los desagradables y colocar abajo lo que estaba arriba y viceversa”.

Los efectos de esa manera simple de ver la realidad cobran una elevada factura: alta inflación, contracción económica, aumento de tarifas de gas y energía eléctrica, malestar social, protestas. No llegaron las inversiones, pero sí los préstamos y los elogios de los prestamistas internacionales.

Temer ya tomó la decisión. ¿Llegarán las inversiones a Brasil o solo préstamos cargados de aplausos y palmaditas sobre la espalda?