En la VI Cumbre de Seguridad Ciudadana realizada el 11 de abril en La Paz, surgió la propuesta de encuartelar a los pandilleros como medida correctiva. En julio, el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, dependiente del Ministerio de Gobierno, descartó tal posibilidad debido a que el Ministerio de Defensa no quiere hacerse cargo de la implementación de tal medida. Hoy, cinco meses después, nos preguntamos ¿qué pasó con el proyecto contra las pandillas?

En junio se supo que el proyecto de ley contemplaba también sanciones para los padres, para que estos asuman responsabilidades en la reparación de los daños civiles ocasionados por sus hijos menores de edad y, del mismo modo, para los profesores que no reporten oportunamente la presencia de pandillas o el consumo de alcohol y drogas en las unidades educativas.

En julio de este año, nos enteramos de que, al quedar el reclutamiento al margen del texto del proyecto de ley, surgió como opción que las gobernaciones y municipios construyan centros de rehabilitación para los jóvenes infractores. En el intento se incorporaría, además, a los padres de familia.

También se adelantó que otra de las disposiciones contenidas en la propuesta legislativa sería la creación de la Unidad de Lucha Contra las Pandillas en la Policía. La misma estaría dedicada a combatir y desarticular a estos grupos delictivos. Desde esta se haría un seguimiento a la información que la ciudadanía pueda proporcionar, así como una persecución a los líderes de las pandillas.

Lamentablemente, mientras el Gobierno se da todo el tiempo del mundo para implementar algún programa efectivo que busque desactivar a las pandillas que se dedican a delinquir, estas siguen actuando en desmedro de la población. Lo curioso del caso es que, para mal de males, las gobernaciones demostraron, en general, una baja inversión en seguridad ciudadana.

¿Qué está pasando?, ¿por qué tanta lentitud en el Gobierno para actuar? El 13 de este mes, hace tan solo unos días, dueños de la vivienda de la avenida Melchor Pérez de Holguín y Circunvalación de la ciudad de Cochabamba, en la que fueron capturados dos delincuentes, denunciaron que la banda de El Rata no solo pretendía robar dinero y una laptop, sino secuestrarlos.

Este es solo uno de muchos casos en los que están involucradas bandas y/o pandillas que podrían ser enumeradas y la página ni siquiera alcanzaría para ese propósito. Por tal motivo, tendríamos que preguntarnos si es que, al estar el Ministerio de Gobierno más enfocado en los asuntos y conflictos en los que anda metido el Ejecutivo, podrá en verdad actuar para mejorar la prevención, a fin de evitar mayor cantidad de actos delictivos en el país, donde hace mucho dejamos de tener solo robos para pasar a hablar de trata y tráfico de personas, entre otros males que atemorizan a la población.

Por ello tal vez hoy debiéramos preguntarnos si Bolivia no necesita un Ministerio de Seguridad Ciudadana, el que hay en otros países de América Latina porque lo curioso del caso es que los diferentes gobiernos de Bolivia han ido abriendo una serie de ministerios que incluso parecieran menos urgentes que este, tal el caso en la actual administración que cuenta con un Ministerio de Planificación que funcionarios del mismo Gobierno no parecen saber para qué sirve exactamente.

Si se contara con un Ministerio de Seguridad Ciudadana, en él se podría concentrar un conjunto de áreas de acción que incluyera, incluso, la prevención a nivel educativo, porque este tema debe ser enfocado desde diferentes ángulos y no solo el represivo, y es que la cara de la delincuencia no es una sola y, por ello, requiere de una atención integral.