El conflicto con los cooperativistas mineros está obligando al Gobierno, que gobierna de la mano de las organizaciones sociales, a reconocer a sus “verdaderos aliados”, a corregir sus políticas y a reajustar su línea programática en relación a ese sector.

Los cuatro mineros muertos a balazos, un quinto por manipulación de dinamita, y el asesinato del viceministro Rodolfo Illanes, han “servido” para que el Gobierno se diera cuenta quiénes eran sus aliados.

El Viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, y miembro clave y antiguo del equipo del Presidente, Alfredo Rada, en esta entrevista con OPINIÓN, considera que ese conflicto, también ha representado un punto de quiebre “positivo” para el proceso de cambio y que el liderazgo “unificador” del presidente Evo Morales se mantiene intacto y plenamente vigente.



PREGUNTA: Tras el conflicto, con seis muertos, ¿cómo queda ahora la relación entre el Gobierno y los cooperativistas mineros?

ALFREDO RADA: El conflicto con los cooperativistas mineros, mejor dicho, con la dirigencia patronal de los cooperativistas, ha permitido aclarar las cosas en relación a ese sector. Hasta acá se consideraba, equivocadamente, desde mi punto de vista, que los aliados del proceso eran quienes controlaban las organizaciones de cooperativistas mineros, en este caso la Federación Nacional de Cooperativas Mineras, Fencomin, y no se caía en cuenta que un sector patronal, un sector evidentemente empresarial dentro el cooperativismo, había tomado el control de la Fencomin.

Entonces, creo que este conflicto ha permitido aclarar este aspecto, dejando en claro que el aliado de este proceso de cambio en Bolivia es la base laboral del cooperativismo, no su jerarquía patronal.



P.: Los cinco decretos emitidos recientemente, ¿marcan distancia entre el Gobierno y el sector cooperativista?

R.: Uno de los decretos (el 2890) establece claramente la reversión de las áreas mineras que hayan sido negociadas por cooperativistas con empresas privadas o con transnacionales. Además, con otro de los decretos (el 2892) se incorpora a la Ley General del Trabajo a todos los trabajadores de las cooperativas, sean estos denominados "segundas manos", peones, jornaleros, todos quedan ahora bajo el amparo de la ley.

Este último decreto ha permitido también establecer que el verdadero aliado de este proceso es la base laboral del cooperativismo y es a ese sector al que debemos dirigir como Gobierno nuestra mirada y priorizar nuestras políticas, especialmente las sociales.

P.: Las cooperativas mineras como tales, ¿en qué situación quedan?

R.: En cuanto hace a las cooperativas que mantienen su esencia, los principios del cooperativismo, que no se han deformado o transformado en empresas capitalistas disfrazadas de cooperativas, nuestra posición como Gobierno sigue siendo la de respaldar, la de respetar y fomentar el verdadero cooperativismo.

Hemos escuchado las resoluciones que tomó la cooperativa minera de Kami que, desde mi punto de vista, son muy acertadas, en sentido de que no se oponen a los decretos aprobados por el Gobierno, ya que no les afectan porque allá cumplen los principios del cooperativismo. Y es así, las medidas adoptadas solo afectan a esas cooperativas que son empresas capitalistas encubiertas.

P.: Se ha cuestionado la alianza del Gobierno y los cooperativistas mineros, se dice que se les ha dado muchos privilegios. ¿Es así?

R.: Todo aquello que la dirigencia patronal del cooperativismo minero había obtenido, en base a una especie de presión política que ejercía hacia el Gobierno, hoy justamente se está revisando, se está reevaluando todo aquello que en materia laboral, impositiva, en materia ambiental habían obtenido y que era visto como una especie de concesiones que el Gobierno les otorgaba.

Hoy está siendo replanteado en base justamente a este cambio en el lineamiento programático hacia lo que es la actividad minera. Eso es positivo para el proceso de cambio, ese ajuste en la parte programática, en vez de debilitarlo, creo yo, lo fortalece.

P.: ¿Entonces, continúa siendo el sector cooperativista un aliado y parte del Gobierno?

R.: Desde mi punto de vista, sí. Porque, los decretos que se han aprobado, pero particularmente el que incorpora a más de 100 mil trabajadores de las cooperativas a la Ley General de Trabajo, es el mayor avance en derechos laborales en una década del proceso de cambio.

Por lo tanto, yo creo, que el otorgar derechos sociales y laborales a los trabajadores de las cooperativas, que ahora tienen derecho a la estabilidad laboral, a la seguridad social, a la salud, yo creo, que todo eso es visto con simpatía por la base del cooperativismo.

Con ese decreto se aclara finalmente que como Gobierno no vamos a seguir considerando como interlocutor del sector cooperativista minero al sector patronal, sino que a partir de ahora nos vamos a dirigir hacia la base laboral, hacia los trabajadores del cooperativismo, y con ellos seguiremos profundizando este proceso de cambio.

P.: ¿Cómo está la relación del Gobierno con los demás movimientos sociales, tras la crisis con los cooperativistas?

R.: Yo creo que también hacia el resto de las organizaciones sociales, que respaldan el proceso de cambio, la posición del Gobierno se ha aclarado y se mantiene el respaldo de esos sectores sociales.

He escuchado a las organizaciones campesinas, indígenas, obreras, organizaciones urbano-populares, que han indicado que están de acuerdo con las medidas tomadas por el Gobierno, en el tema de los cooperativistas. Eso significa que, es posible, a partir de este conflicto con los cooperativistas, que se aclare la parte programática del proceso de cambio y en esa medida se mantengan los acercamientos, las alianzas, los acuerdos, que desde un principio respaldan a nuestro proceso.

P.: ¿Cómo está la relación con la COB? Al parecer hay un distanciamiento.

R.: Desde el punto de vista programático, un proceso de cambio debe ser precisamente eso, cambios políticos, sociales y económicos positivos para la población, para la mayoría que constituyen los trabajadores, los campesinos, los indígenas, los sectores urbano-populares. Eso significa que podemos tener diferencias con alguna dirigencia sindical, por ejemplo la dirigencia nacional de la COB, pero me parece que terminan pesando más las coincidencias estratégicas, programáticas e ideológicas que tenemos.

Varios sectores, en las últimas semanas, como los trabajadores petroleros, mineros, de luz y fuerza, campesinos, comunidades rurales y pueblos indígenas han continuado en la labor de coordinación con el Gobierno, que es visto como un Gobierno de los movimientos sociales, eso no se ha perdido. Lo que sí se ha presentando son diferencias puntuales, que tenemos con alguna dirigencia sindical y esto no lo podemos ocultar, pero terminan pesando más las coincidencias programáticas, el contenido de los decreto, un contenido transformador.

P.: Los movimientos sociales insisten en una nueva candidatura de Evo Morales, aunque éste anunció que se irá en 2020. ¿Cómo ve esta situación?

R.: Siempre he considerado el liderazgo de Evo Morales como cohesionador y unificador de los movimientos sociales del país. No ha habido, en la historia democrática del país, un liderazgo con esas características, capaz de cohesionar a las fuerzas sociales en un bloque social revolucionario que precisamente es lo que impulsa a este proceso de cambio en Bolivia.

El liderazgo de Evo Morales, en ese sentido, está plenamente vigente. Y eso explica el hecho de que varias organizaciones sociales sigan planteando que ese liderazgo debe mantenerse y debe proyectarse.

El liderazgo de Evo Morales sigue siendo un factor de cohesión de unidad revolucionaria de los movimientos sociales en nuestro país.

P.: ¿Son los movimientos sociales independientes? ¿Cuál es la relación con el Gobierno?

R.: A la derecha le incomoda que haya un Gobierno de los movimiento sociales que tenga una coordinación con sectores sociales tan numerosos e importantes en el país, como son los sectores sociales campesino, indígena, urbano-populares y obreros, por lo tanto, va a hacer cualquier esfuerzo por romper ese bloque formado entre un gobierno de los movimientos sociales. Justamente para romper ese bloque, ha estado manejando la consigna de la independencia sindical.

Yo creo que el concepto de la independencia sindical no puede ser mal entendido, ya que en una lucha entre el pueblo por su liberación y el imperio que pretende mantener la dominación de los pueblos latinoamericanos, los sectores sociales, los movimientos sociales no pueden ser neutrales y que a título de la independencia sindical, entre comillas, se exija neutralidad, menos en este momento en el que se ve que en América Latina hay una arremetida del imperio a través de las fuerzas neoliberales que pretenden restaurar, precisamente, el neoliberalismo en nuestro continente, como en Argentina, Brasil está ocurriendo.

En Bolivia los movimientos sociales no pueden ser neutrales, de ahí que se explica que en el último tiempo esos movimientos hayan tomado partido, respaldando el proceso de cambio encima de las diferencias que puedan expresar.

Presión política

El Gobierno admite que la dirigencia de los cooperativistas mineros, aglutinada en Fencomin, ha obtenido privilegios con “presión política”.

Independencia

Los sectores sociales “no pueden ser neutrales”, en un momento en el que se libra la lucha de los pueblos contra el imperialismo, dice Rada.