Ocho cooperativistas mineros y un abogado fueron enviados ayer a la cárcel por el asesinato del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes.

El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Carlos Mamani, los mineros Silvestre Flores, Julián Pinto, René Cochi Trujillo, Carlos Castro y el abogado Roberto Durán fueron los primeros en ser aprehendidos el sábado y llevados ante la jueza Ana Dorado, quien determinó su encarcelamientos tras la audiencia cautelar que se cumplió en el salón Rosado del Palacio de Justicia de La Paz y concluyó la madrugada del domingo.

Dorado dispuso la detención preventiva de Mamani, Flores, Cochi, Castro y Durán en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, mientras que Pinto fue enviado a la prisión de Patacamaya.

A la audiencia fueron sometidos en calidad de presuntos autores Mamani y Flores, así como Pinto, Cochi, Castro y Durán como supuestos cómplices de asesinato, robo agravado, organización criminal, tenencia y porte o portación ilícita, y atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado.

“Querían quemarlo”, dijo el fiscal Daniel Ayala sobre las presuntas intenciones de los mineros tras el asesinato de Illanes el jueves pasado en la población de Panduro, distante a 180 kilómetros de La Paz. 

Ayala explicó, sobre un pequeño pizarrón, el lugar de los hechos y expuso los instrumentos explosivos que el sector cooperativo habría reunido para su protesta contra el Gobierno, centrada en el bloqueo de carreteras. Otro de los fiscales relató que tras ser retenido por siete horas, Illanes fue arrastrado a patadas 500 metros loma abajo.

En la noche de ayer, la misma jueza ordenó la detención preventiva del vicepresidente de la Fencomin, Agustín Choque, en la cárcel de Chonchocoro, mientras que dispuso que los mineros Clemente Colque y Paulino Layme, sean remitidos al penal de Patacamaya por su presunta participación en el asesinato de Illanes.

Los detenidos, que habían sido capturados en la mañana de ayer, están acusados de los delitos de asesinato, robo agravado, organización criminal, tenencia y portación ilícita y atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado, en grado de autoría.