Las personas solemos deshacernos de las cosas que nos perjudican, nos hacen daño o ya no nos agradan. En política, esas “cosas” suelen ser funcionarios que son echados de sus cargos porque ya no acompañan las acciones de un Gobierno o critican sus decisiones; unos se van sin hacer ruido, otros son defenestrados y hasta calificados de traidores.

En las últimas semanas, han llegado noticias que reflejan el ánimo de gobernantes que no se fueron por las ramas para escarmentar a quienes les dieron la espalda.

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan es uno de ellos. Sus aliados lograron apagar un intento de golpe de Estado a mediados de julio pasado. Los militares que lideraron esa acción señalaron, entonces, que el gobernante había impuesto un régimen autoritario y que ellos pretendían entregar el poder a un consejo de paz para restablecer el orden.

Los detenidos se cuentan por miles: entre 23.000 y 35.000, según reportes periodísticos. La cadena BBC calcula que 82.000 personas han sido despedidas, bajo sospecha de estar vinculadas con el clérigo Fetullah Gülen, quien vive en Estados Unidos. Erdogan cree que él fue quien promovió el fallido golpe que dejó un saldo de 265 muertos.

Militares, policías, jueces, agentes, gobernadores, funcionarios del sector público y profesores figuran en las listas.

Colegios privados, universidades, organizaciones no gubernamentales y fundaciones ya no trabajan, como tampoco lo hacen varios medios de comunicación.

Desde hace tiempo que el Gobierno turco es tildado de autoritario, nepotista y corrupto.

Uno de esos episodios es el relacionado con contactos telefónicos que implicaban a Erdogan en escándalos de corrupción, en 2013. Periodistas, jueces, fiscales y policías pagaron la factura de ese caso. Gulën también fue señalado como instigador de aquel asunto que terminó archivado.

También se decía con insistencia que no actuaba con fuerza contra el terrorismo, pero el pasado miércoles se conoció de una incursión del Ejército turco en Siria para combatir al Estado Islámico.

Ese estilo de “limpieza” parece tener seguidores. El venezolano Nicolás Maduro ordenó remover de sus cargos a unos 4.000 funcionarios de confianza que hubieran apoyado la convocatoria de un referendo revocatorio de mandato, una acción promovida por la oposición que señala al gobernante como el responsable de la crisis económica y el desabastecimiento. Los nombres de esos altos cargos fueron divulgados por el Consejo Nacional Electoral.

Algo parecido sucedió en 2004, cuando el diputado oficialista Luis Tascón, fallecido en 2010, publicara en su página web la nómica de 2.4 millones de venezolanos que pedían un revocatorio contra el entonces presidente Hugo Chávez. En aquella ocasión también hubo denuncias de despidos.

Cuatro días antes, Maduro había afirmado que, si existiera alguna acción golpista en su país, la respuesta sería tan contundente que Erdogan parecería un “niño de pecho”.

En ese terreno también ingresó el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, quien hace unos días dijo que la democracia en Venezuela ha llegado a su fin, en alusión a la ratificación de condena de casi 14 años de prisión contra el opositor Leopoldo López, acusado de incitar a la violencia en 2014.

Un golpe de Estado es la peor forma de buscar cambios en un gobierno y los líderes de esa aventura antidemocrática seguramente recibirán su castigo.

¿En qué se asemejan las decisiones en Turquía y Venezuela? Los gobiernos han decidido deshacerse de todo vestigio o huella que represente a las fuerzas opositoras. Algunos dirán que eso es autoritarismo, pero otros responderán que es legítimo pretender contar solo con gente leal en sus filas. ¿Qué opina usted?