¿Quiénes han condenado a Dilma, la presidenta de Brasil? La respuesta de que fue un grupo de corruptos para encubrir su corrupción es cierta, pero, al mismo tiempo, radicalmente insuficiente. Los que la han condenado son los miembros de la poderosa bancada rural, o sea, los portavoces de los latifundistas —además del resto de la gran burguesía brasileña, claro; las empresas constructoras, el capital financiero, etc.—, uno de los intereses económicos más fuertes y más favorecidos por el Gobierno del Partido de los Trabajadores.

El Gobierno del PT promovió y defendió la construcción de represas en la Amazonia. Simultáneamente, las represas posibilitaron la expansión de la frontera agrícola a favor de madereros y agroindustriales. Y, como depredadores que estos son, ahora quieren más. Quieren que la tierra no sea ni vivida ni concebida como territorio, sino como mercancía. Así, los indios serían mano de obra semiesclava y todo volvería al viejo orden gamonal.

Hoy, los portavoces de la corrupción, descubiertos, se apresuran a culminar el golpe blanco a favor de sus empleadores. Y uno de los sectores populares potencialmente aliados del PT —los indígenas— contemplan con indiferencia la caída.

Hoy, en Bolivia, uno de los privilegiados grupos de depredadores del Estado, el de los cooperativistas mineros, ha decidido expandir la frontera de sus intereses. Los cooperativistas ya no quieren siquiera pagar irrisoriamente 4.5 por ciento de impuestos (hidrocarburos paga poco más del 50 por ciento ) por un recurso que es propiedad de todos los bolivianos; ya no es suficiente que hayan transferido la administración de tantas concesiones a transnacionales (quieren piedra libre en ese trabajo de desnacionalización); ya no les bastan las 375.000 hectáreas para las 1.600 cooperativas (durante el neoliberalismo tenían 45.000 hectáreas y eran 230 cooperativas); ya ni siquiera aceptan cumplir con los mínimos derechos del trabajador en cualquier rincón capitalista neoliberal, sino que pretenden seguir explotando dentro de su mundo de capitalismo salvaje la más terrible naturalización del trabajo infantil.

Isabel de Inglaterra normó la piratería como “contribución extraordinaria a las arcas públicas”. La casi inmediata consecuencia fue que el saqueo de los mercenarios ya no fue resultado de las guerras; esos mercenarios inventaron guerras para practicar el pillaje. Cuando nuestros gobiernos populares se degradaron a populistas, convirtieron inmediatamente al Estado en presa de los depredadores. Así, rehenes de los saqueadores, ahora cosechan las tempestades que sembraron.