Representantes de la Iglesia católica, el Defensor del Pueblo y de la Asamblea de Derechos Humanos en Bolivia coincidieron ayer en pedir que se detenga la violencia y que se identifique a los responsables de las muertes de los mineros y del viceministro de Régimen Interior Rodolfo Illanes.

“En nombre de Dios, ¡Deténganse!”, fue el clamor de los obispos de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEP). “No podemos ceder irresponsablemente a la lógica perversa de la violencia, con presiones irracionales, agresiones criminales, confrontaciones y represalias", señalan en un comunicado oficial. Indicaron que los crímenes sucedidos en las últimas horas tienen autores individuales, por más que intenten esconderse detrás del anonimato grupal y recordaron que la administración de justicia tiene la responsabilidad de esclarecer todas las muertes con transparencia, idoneidad y objetividad".

El Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, también se pronunció instando a las partes en conflicto a que busquen una salida pacífica para evitar más tragedias. Añadió, sobre el asesinato del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, que hubo errores –del Gobierno y de la Policía- que tuvieron un alto costo. La representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, hizo un llamado vehemente a las instituciones del país para buscar puntos de coincidencia que puedan contribuir al acercamiento al diálogo para poner fin al conflicto entre el Gobierno y los cooperativistas mineros.“Llamamos a todas las fuerzas vivas del pueblo: las iglesias, al Defensor del Pueblo y al Poder Legislativo, unirnos para encontrar los puntos que nos puedan acercar a un diálogo sincero”, clamó.