El Ministerio de Gobierno rechazó el miércoles por la tarde de manera enfática las acusaciones "políticas, temerarias e infundadas" de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) que responsabilizan a esa cartera de Estado de la lamentable muerte de un cooperativista minero por arma de fuego y anunció que solicitará un examen médico forense y una pericia de balística para determinar objetivamente las causas y autoría de ese deceso.
"Este Ministerio reitera que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, advirtió esta mañana (miércoles) que según informes de inteligencia, los cooperativistas mineros buscaban provocar una baja y habían logrado distribuir 10 fusiles máuser ayer en la noche entre los manifestantes en la zona donde se registró ese hecho de sangre", remarca un comunicado enviado a la ABI.
El documento recuerda que el miércoles 10 del presente, la Policía secuestró de la mochila de un cooperativista una pistola calibre 22 con dispositivo de láser adaptado.
El Ministerio de Gobierno remarcó que "con esta información objetiva se verifica que son los cooperativistas quienes están armados y no la Policía boliviana".
Ratificó que el Plan de Operaciones de la Policía Boliviana no contempla el uso de armas letales y aseguró que el Comando General de esa institución del orden instruyó y verificó que se revisen las mochilas de todos los policías que participaron en los operativos de desbloqueo hasta certificar que no llevaban armas de fuego.
 "El Ministerio de Gobierno solicitó a la Fiscalía que se practique de manera inmediata un examen médico forense y una pericia de balística para determinar objetivamente las causas y autoría de ese deceso", puntualiza el comunicado del Ministerio de Gobierno.