La Organización de las Naciones Unidas (ONU) no demuestra los niveles de transparencia y equidad que los ciudadanos esperamos en la toma de decisiones en una institución que, entre otras cosas, tiene la responsabilidad de mantener la paz y precautelar los derechos humanos en el mundo. Algo avanzó en ello, pero las determinaciones finales las toman los cinco países miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

Nos referimos al proceso de elección de aquella persona que, desde enero de 2017, se hará cargo de la Secretaría General de la organización, en lugar del surcoreano Ban Ki-moon, quien dejará la batuta después de dos periodos consecutivos de mandato; es decir, luego de 10 años.

Hasta antes de este proceso, todo el recorrido que implicaba la definición de postulaciones se manejaba en absoluta reserva, hasta que la Asamblea General daba a conocer el nombre de la persona elegida, a recomendación del Consejo de Seguridad.

A finales del año pasado hubo cierta apertura en la ONU. Fue aprobada la resolución 69/321 de septiembre del 2015, en la que se plantea la necesidad de invitar a los estados miembros a la presentación de candidaturas y que establezca un mecanismo de rondas de diálogos en el seno de la organización para conocer a los postulantes.

También se abrió la posibilidad de presentar candidaturas de mujeres. En los 70 años de vida de la ONU, ocho hombres tomaron las riendas de ese organismo mundial.

¿Esa apertura es obra de alguna concesión de la ONU? Desde 2014, un numeroso grupo de organizaciones no gubernamentales impulsa la campaña “1 para 7 mil millones” para exigir reformas.

Esas instituciones plantearon una decena de cambios, entre ellas la búsqueda de candidatos a nivel mundial con propuestas de los países, los parlamentos y la sociedad civil, que los postulantes expliquen cómo piensan dirigir a la ONU, que el Consejo de Seguridad presente al menos dos candidatos a consideración de la Asamblea General y no solo uno como hace hasta hoy, y que haya un mandato único de siete años para el Secretario General.

Un documento publicado por Open Democracy señala que “un proceso de selección transparente, inclusivo y basado en el mérito ofrece la mejor oportunidad para encontrar y nombrar al nuevo Secretario General altamente competente, visionario y eficaz, comprometido plenamente con los derechos humanos que el mundo necesita”.

En 1946, las cosas estaban más cerradas. La Asamblea General decidió que, después del proceso de selección, el Consejo de Seguridad presente un solo candidato a consideración del plenario, con el argumento de que así se evitarían debates motivados en la designación.

En esa ocasión se determinaba que tanto la votación en el Consejo de Seguridad como el nombramiento en la Asamblea General se realizarían en reserva.

Hasta hace unos días, se conoció que hay una docena de candidatos, entre ellos seis mujeres. Dos son latinoamericanas: la costarricense Christiana Figueres y la argentina Susana Malcorra. Uno de los varones considerados “favoritos” es el portugués Antonio Guterres.

Debería tocarle el turno a algún postulante del este europeo, señalan reportes periodísticos. En ese caso, el expresidente esloveno Danilo Turk y la búlgara Irina Bokova, actual directora de la Unesco, tienen más posibilidades.

Analistas internacionales como Anja Papenfuss consideran que hubo cambios en la ONU, pero no en la fase decisiva del proceso porque la Asamblea General de 193 estados miembros solo puede designar o ratificar al candidato seleccionado con antelación por el Consejo de Seguridad, no puede rechazarlo ni sugerir otro nombre.

Los miembros permanentes del Consejo (China, Francia, Reino Unido, Rusia y Estados Unidos) tomarán la decisión y lo harán en secreto. Además, gozan del derecho a veto. Tienen el poder absoluto.