La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, suspendida de sus funciones, apeló ayer a la Organización de Estados Americanos (OEA) en un intento de suspender el proceso que le puede costar el cargo, mientras aguarda que se fije la fecha definitiva del juicio aprobado por el Senado.

La demanda fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Rousseff, el cual explicó que la Mandataria aparece entre los firmantes en calidad de "víctima" de un proceso "ilegal".

Los diputados Paulo Pimenta y Paulo Teixeira, ambos del PT, explicaron que la demanda ha sido preparada por juristas brasileños y argentinos y exige a ese organismo de la OEA una medida cautelar que "suspenda" el juicio político, hacia el que el Senado ha dado un nuevo y casi definitivo paso. Ayer, el pleno del Senado aprobó por 59 votos frente a 21 un informe que acusa a Rousseff de irregularidades fiscales, con lo cual el proceso se encamina hacia su conclusión. La última fase será una nueva votación en el Senado, en el que sus 81 miembros decidirán si finalmente la Mandataria es destituida, para lo cual será necesaria una mayoría calificada de 54 votos.

La fecha para esa última sesión será fijada en los próximos días por la Corte Suprema, que deberá convocarla para fines de mes.

Desde junio pasado, la CIDH tiene como secretario ejecutivo al brasileño Paulo Abrao, quien ocupó el cargo de secretario nacional de Justicia durante la gestión de Rousseff.

Frente a lo que parece la inminente destitución de Rousseff, los diputados del PT afirmaron que van a "pelear en todas las esferas, sean parlamentarias, judiciales, en la calle o en el exterior, para denunciar este golpe y que se restablezca en el país la normalidad democrática".

La defensa de Rousseff, así como la demanda presentada a la OEA, niegan los cargos contra la Mandataria, acusada de irregularidades presupuestarias, contratar créditos para el Gobierno con la banca pública y emitir decretos que alteraron los gastos sin autorización del Congreso. La defensa sostiene que en ninguno de esos casos hubo una "participación directa" de Rousseff ni hubo dolo, que serían requisitos fundamentales para sostener la acusación.